“El capitalismo viene al mundo chorreando lodo y sangre”
Durante la madrugada del sábado 4 de mayo, Abelardo Díaz, hijo del qarashe Qom de la Comunidad La Primavera, Feliz Díaz, fue golpeado brutalmente junto a su amigo por una patota integrada por alrededor de 30 personas. Como era de esperarse, se trataba de funcionarios del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán (PJ-FPV). Esta comunidad ha sido víctima de múltiples represiones y lleva ya 12 muertos en los últimos tres años, todos hechos perpetrados por el Gobierno de la provincia de Formosa.
No hay excusas ni pretextos. Los hechos merecen un enérgico repudio y justicia rigurosa para con los responsables. Tal brutalidad nos remite sólo a la conquista de América, un continente conquistado y saqueado simultáneamente de forma sanguinaria e impiadosa: decenas de millones de originarios muertos. ¿De qué acción civilizatoria puede hablarse? De la misma manera en que la justificación de aquel genocidio tenía un trasfondo económico para la corona y la burguesía europea (La llamada Acumulación Originaria, Capítulo XXIV, El Capital), ahora también lo tiene para Insfrán; asegurar los intereses de los grandes propietarios de tierra y de la agroindustria del monocultivo.
Por otro lado, en apariencia todos los caminos conducen a un juicio moral fundado en que, en última instancia, el Gobierno nacional avala cruentas represiones a los pueblos originarios. La tesis está fundada en dos razones verosímiles: la polémica alineación entre el Gobierno de Formosa y el Gobierno nacional y el silencio del segundo con respecto a los crímenes perpetrados por el primero. El Gobierno nacional guarda silencio para no romper con Insfrán. Lo que se exige, como resultaría lógico, es que el Gobierno rompa el silencio y quiebre vínculos con Insfrán.
¡Pero no! No hay moral con sólo inmanencia retórica. Ningún juicio moral puede jactarse de serlo si no está arrojado a revertir realmente una opresión dada.
Si es Insfrán el que, en su facultad como gobernador, ordena desalojar, perseguir y asesinar a miembros de las comunidades Qom en Formosa, el problema político que deviene en determinante no es la relación del Gobierno nacional con el mismo, sino que es el hecho de que el propio Insfrán sea gobernador y tenga esas facultades desde el año 1995. Que quizás, por falta de alternativas políticas, el electorado formoseño termine por legitimar a un ser miserable como Gildo Insfrán, que promueve y ejecuta el exterminio de pueblos originarios debería ser el aspecto crucial de un enfoque que encienda las alarmas rojas. Insfrán es gobernador de Formosa, no por estar alineado al Gobierno nacional, sino porque ha ganado una y otra vez elecciones provinciales desde 1995. Es que quizás, a razón de la propia atmósfera política del país, nadie se ha preocupado en direccionar el análisis a este punto, que es el más fundamental, el de fondo, en tanto el único en magnitud de darle resolución a la cuestión.
En síntesis, el Gobierno nacional no ha emitido opinión al respecto ni se ha distanciado del Gobierno provincial porque nada de esto contribuye a resolver la sustancialidad práctica del problema y, por el contrario, es de relevancia comprender que fomenta posibilidades de agravarlo; al no verse condicionado ya el gobernador Insfrán por su relación con el Gobierno nacional la represión puede radicalizarse aún más al quebrarse la misma. Aun así, si el Gobierno nacional supiera que claudicaría la represión con su sola condena y distanciamiento para con Gildo Insfrán, ya lo hubiera hecho.
Y vale hacer una disquisición quizás filosófica. Pareciera ser que cuando se le demanda al Gobierno nacional que rompa sus vínculos políticos con Gildo Insfrán se le estuviera exigiendo un gesto moral, por supuesto, a distancia, donde más allá de que no tenga consecuencias prácticas, es lo que moralmente corresponde. Pero este reclamo no pasa a ser más que el mismísimo colmo de una moral burguesa e inmanente propia del formalismo lógico kantiano que se prolonga en engaño. Un gesto moral como el que se reclama, por más inmanente que se pretenda, en la arena política termina por ser un gesto político con consecuencias sustancialmente reales que deben evaluarse y que a fin de cuentas son las que realmente tienen validez; capaces de mejorar o empeorar una realidad es la única moral real, la de los hechos. Lo demás, aunque no se quiera, es de mala fe, diría Jean Paul Sartre.
No menos verdad es que el Gobierno nacional ha consensuado políticamente con cuestionados gobiernos provinciales cuyos programas se fundan en megaminería, represión sistemática, violencia institucional y sojización de la tierra. Desde Buzzi en Chubut y Peralta en Santa Cruz, Scioli en Buenos Aires, pasando por Gioja en San Juan y Alperovich en Tucumán, hasta Insfrán en Formosa y Closs en Misiones, por mencionar algunos. Dialéctico y contradictorio, esto es regresivo pero necesario. Regresivo por el intrínseco contenido político de derecha de estos gobiernos que hacen peligrar la profundidad del modelo y marcan las limitaciones del mismo, pero a la vez ha sido mediante diputados y senadores de esas respectivas provincias con los que se aprobaron leyes como la del Matrimonio Igualitario, Asignación Universal por Hijo, Ley de Radiodifusión Democrática, expropiación de YPF, reforma judicial, etcétera.
El 27 de abril del pasado año, se impulsa el espacio Unidos y Organizados como fuerza política y de militancia propia del proyecto nacional. Sólo un esquema de propuestas superadoras desalojará por medio de las urnas a las derechas provinciales y resolverán de fondo las dos cuestiones que son al mismo tiempo una sola; terminar con la impunidad de las políticas opresivas de las derechas provinciales y profundizar el proyecto nacional. Y es urgente involucrarse, trabajar en ello y asumir las responsabilidades correspondientes. Porque si no somos parte de la solución, somos parte del problema y, en tanto, responsables. Se trata en definitiva de tener perspectivas de poder, porque si es el poder lo que posibilita a la derecha reprimir, de lo que se trata, entonces, es de arrebatárselo. “Salvo el poder, todo es ilusión”, sentenció Vladimir Lenin
Ernesto Bertoglio, estudiante de la Lic. en Ciencia Política (UNVM)
“Medidas muy abusivas”
Señor director:
Molesto su atención para que me publique la siguiente carta, a la que la llamaría “medidas muy abusivas”. Bien con mucho esfuerzo, ya que somos gente trabajadora, junto a mi esposa le compramos a mi nieto, de 17 años, una moto usada que acorde a su edad es de 50 centímetros cúbicos, a la que estábamos reacondicionando (pintura, motor, etcétera).
Como todo joven, no escuchó lo que le recomendamos siempre en familia, no usaba casco y circulaba sin espejos ni papeles. Teníamos casi todos los requisitos, pero él cometió la imprudencia de usarla sin los elementos reglamentarios.
Un día fue a la casa de un amigo, en la calle México al 454, y estaban ambos con la moto estacionada en la vereda, contrariamente a lo que dice la multa, que indica que se encontraba conduciendo la misma. De repente llegó la Policía Municipal y, al exigirle todo en regla, él estaba en falta. Yo no lo defiendo por cometer la infracción, pero me parece que por tratarse de la primera vez que cometía una infracción, la multa que tenemos que pagar es de 3.300 pesos, más acarreo de la moto y de estacionamiento por día. Estas, me parece, que no son medidas educativas, sino medidas recaudatorias (la moto en cuestión cuesta alrededor de 2.500 pesos, aproximadamente).
¿Cómo lo educo a mi nieto, ya que está furioso con la Policía Municipal? No quisiera que él cayera en la falta de insultarlos o agredirlos, como pasó hace unos días con unos adolescentes que agredieron con piedras a los agentes.
Me parece que como primera infracción, la multa tiene que ser educativa, o sea, algo que reprenda, pero lo que pretenden cobrarnos es de terror, pienso que con la información computarizada ellos saben si es la primera o la segunda infracción. Es por eso que el Corralón Municipal está lleno de motos, a las que después de un tiempo las rematan por unos pocos pesos ya que, como ejemplo, nosotros no podemos retirarla, así les pasa a muchos hijos y nietos de trabajadores. Habrá algunos padres con poder adquisitivo a los cuales no les molesta pagar semejante barbaridad y lo hacen callados.
Sin más, a la espera de que los funcionarios recapaciten y pongan leyes de democracia, no leyes recaudatorias o abusivas.
Eduardo Roberto Torres
DNI 10.053.016
