La Escuela de Ciencias de la Información (ECI) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) fue el escenario elegido por diferentes sectores vinculados a la comunicación en Córdoba para brindaron una conferencia de prensa abierta en la que expresaron su rechazo al Decreto 525, firmado por el gobernador José Manuel de la Sota con el pretexto de “garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión, opinión y prensa para todos quienes pisen el territorio de la provincia y ejerzan esas libertades dentro de los límites fijados por la Constitución Nacional”.
El rechazo quedó plasmado en un documento titulado “En respuesta al Decreto 525” que lleva la firma de más de 150 espacios, personalidades y periodistas de la comunicación cordobesa y que fue leído en la ocasión.
El colectivo de comunicadores también dejó en claro su rechazo a las medidas impulsadas por el Ejecutivo provincial en favor de los grupos concentrados de medios.
Al mismo tiempo, afirmaron su reclamo por el pleno cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Entre otros actores, participó el representante cordobés de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Carlos Vicente; la diputada nacional con mandato cumplido, Cecilia Merchán; el abogado constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe; el vicepresidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), Mario Farías; autoridades de la Escuela de Ciencias de la Información y representantes de distintos medios de la provincia.
El polémico decreto, similar al que impulsara el jefe de Gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, ya despertó sucesivos rechazos por parte de distintos sectores (ver “Rechazo al decreto de De la Sota por libertad de expresión”).
Entre otras consideraciones, especialistas en Derecho advirtieron que la iniciativa busca entorpecer la aplicación de la Ley de Medios.
Rodríguez Villafañe expresó que “la ley tampoco regula otro aspecto sensible para la libertad de prensa como podría ser la distribución de la publicidad oficial”.
“Es un aspecto importante que hace a la esencia de la supervivencia de los medios”, agregó.
Alexis Oliva, periodista, señaló que esta medida se encamina a la judicialización de la tarea profesional. “Pretede controlar nuestro trabajo por la vía de la Justicia Penal e incluso por parte del fuero Civil”, sostuvo.
Vicente recordó que desde el pasado 7 de diciembre “existe en la provincia un medio que no puede salir al aire por la acción represiva de De la Sota, el canal digital perteneciente a la Universidad Nacional de Río Cuarto”.
Todos abogaron también por el pago de la abultada deuda que la Gobernación mantiene con Canal 10 (en el orden de los 11 millones de pesos) y con otros medios de comunicación, en lo que se interpreta como un intento de “asfixia económica”.
De la Sota, la libertad de expresión y Baronetto
Escribe: Miguel Julio Rodríguez Villafañe *
El diario Clarín del 30 de julio de 2000 informaba que, invitado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el gobernador de la Provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, firmó la Declaración de Chapultepec.
Esa declaración adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión, celebrada en la ciudad de México el 11 de marzo de 1994, contiene 10 principios esenciales para el desarrollo de una sociedad democrática, respetando la libertad de expresión y garantizando una prensa libre.
La noticia refiere que, en una ceremonia llevada a cabo en la Casa de Córdoba en Buenos Aires, De la Sota agradeció a ADEPA haberle permitido “firmar lo que quise practicar desde siempre”.
Luego, a los pocos meses, la referida vocación pregonada por el gobernador se desvaneció.
El 20 de febrero de 2001 el periodista Luis “Vitin” Baronetto, director de la revista Tiempo Latinoamericano y dirigente de derechos humanos, publicaba en el diario Hoy Día Córdoba una nota en la que hacía diversas afirmaciones respecto a la inconveniencia de privatizar el Banco de la Provincia de Córdoba. Ello, a su vez, desde el conocimiento que le daba la situación de ser, también, empleado bancario y representante gremial en dicha actividad. En el artículo se señalaba la preocupación por la falta de transparencia que se evidenciaba en el proceso de privatización que llevaba a cabo el Gobierno. Recordó en ese sentido, entre otros aspectos, la actitud del senador Jorge Bodega, en su dudoso voto a la Ley de Reforma del Estado, que autorizaba la venta del banco. También señaló el grave perjuicio que significaría para la provincia desapoderarse de ese valioso instrumento de crédito y advertía del peligro que implicaba el hecho que pueda la privatización ser un canal para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Se acotó, además, que cualquier operación no transparente traía aparejada la sospecha de entregas indebidas de dinero a partidos políticos y a sus dirigentes.
De la Sota se consideró calumniado e injuriado e intimó al director del diario que publicó la nota a que diga si hacía suyas las afirmaciones formuladas en el artículo. También exigió al autor de la nota que desmintiera lo sostenido.
El diario ratificó el derecho que le cabía de publicar el artículo y manifestó que observaba en la intimación del gobernador “la intención de presionar a un medio periodístico”. A su vez, en su respuesta, agregó, que “no puede haber libertad de expresión ni respeto al derecho de la sociedad a informarse con independencia de todo condicionamiento, cuando desde el poder se ejercen presiones para silenciar voces indóciles con el discurso oficial”, (edición del diario Hoy Día Córdoba, de fecha 26/02/2001).
No obstante la reflexión del medio gráfico, lo mismo De la Sota, el 4 de julio de 2001, inició una querella penal en contra del periodista que escribió el artículo. En la misma pidió que se le imponga el máximo de la pena de prisión y, además, que se resarza su honor con cien mil pesos, porque entendió que se afectó la imagen de su gestión como gobernador y la de su persona.
Como no hubo conciliación, se sometió a Baronetto hasta la audiencia del juicio, el 8 de agosto de 2002, a un calvario moral de más de un año. A él, quien desde la libertad de opinión puso a consideración de la ciudadanía aspectos de una privatización que no escapaban a las sensaciones que la sociedad tenía y que la realidad demostró que muchas de las afirmaciones que se emitieron eran veraces.
Pero lo cierto es que, sin retractación, ya en campaña interna justicialista para la candidatura a presidente, el gobernador se dio por satisfecho de las explicaciones que realizó el imputado, en la primera declaración en el debate. Estas no cambiaban en nada el contenido de lo que sostuvo en la nota que publicó ni la postura adoptada cuando se lo querelló.
Qué lejos estaba esa actitud de De la Sota del principio décimo de la Declaración de Chapultepec, a la que adhiriera en ADEPA. Ella establece que “ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”.
La perspectiva histórica también nos enseña que, gracias a medios como el Hoy Día Córdoba, periodistas como Luis Baronetto y una sociedad atenta, se hizo mucho bien y se pudo salvar que no se privatizara el Banco de la Provincia de Córdoba.
Ahora, con el dictado del Decreto 525, sobre la Libertad de Expresión, por parte de De la Sota, que es insuficiente en lo bueno, no trata lo necesario y esconde otros intereses, cabe tener presente lo refrescado de hechos de un pasado reciente del gobernador porque pueden ser ellos, también, un recuerdo del futuro.
* Exjuez federal, especialista en Derecho a la Información