El actual asesor técnico y jurídico del municipio, nos referimos al abogado Pilar Monesterolo, habría cobrado a la comuna una importante suma de dinero por servicios que nunca habría prestado.

Los tribunos de Cuentas José Naselli y Gustavo Maristany, ante la irregular situación, remitieron ayer al intendente Eduardo Accastello un pedido de informes en el que solicitan datos “sobre la existencia o inexistencia de algún trámite administrativo a los fines de determinar el monto actualizado de los honorarios abonados al doctor Monesterolo por tareas a la postre jamás cumplidas, y las medidas adoptadas a fin de que el fisco municipal recupere dichos importes”.

En concreto, y a través de una serie de pruebas documentales, los vocales del Tribunal develaron que el asesor, desde el 2 de enero de 2008 hasta el 1 de enero de 2012, habría recibido remuneraciones por actividades que desde la Intendencia habían afirmado que el abogado no concretaba.

Vale recordar que a través del Decreto Nº 249 del 4 de marzo de 2008 (con efecto retroactivo al 2 de enero de 2008), el intendente designó a Monesterolo como “jefe del Gabinete de asesores del intendente”. Casi un año y medio después, el 25 de junio de 2009, por Decreto 790, se establece que el letrado “… no asumió ni desempeñó, ni desempeña el cargo para el cual fue designado…”, agregando tal decreto que jamás había percibido retribución alguna por tal concepto.

“En la Resolución Nº 18 del 26 de febrero, estos Tribunos advertían sobre esta insólita situación y preguntábamos: ‘Si el doctor Monesterolo cobró y sigue cobrando en forma integral la contraprestación de un contrato, del cual una parte de las obligaciones nunca fue cumplida, ¿qué es lo que entonces ha estado cobrando Monesterolo?’”, recordaron los referentes de la oposición en la misiva enviada al jefe comunal. 

 

Polémica sin fin

 

Sin recibir ningún tipo de respuestas al respecto de esta temática, la polémica cuestión volvió a reactivarse cuando el 18 de enero de 2012, con el voto dirimente del entonces presidente del Tribunal Carlos De Falco, se autorizó prorrogar el contrato de “locación de servicios”, celebrado entre el municipio y el abogado, por el cual éste se comprometía a efectuar dos tareas perfectamente definidas y diferenciadas: asesoramiento técnico jurídico al intendente, además del ejercicio de la Jefatura y Coordinación del Gabinete de asesores que el mandatario designe.

Vale destacar que previo a la autorización del Tribunal, Accastello y Monesterolo firmaron una “adenda” (agregado) al contrato de locación de servicios, en  la cual se excluye expresamente la tarea de jefe de Gabinete de asesores como obligación a cargo del citado letrado y, al mismo tiempo, se estipula un precio locativo por las restantes obligaciones, que en la práctica significan una disminución dineraria en relación al precio locativo original y sus actualizaciones.

“Curiosamente, a pesar de que dicha ‘adenda’ significaba una modificación trascendental de las contrataciones originarias (se modificaba nada menos que el objeto del contrato y el precio locativo), la noticia de tal modificación llegó a conocimiento de estos tribunos en forma puramente accidental e imprevisible. Recién luego de nuestro expreso requerimiento se nos acompañó copia de las modificaciones antedichas”, acotaron Naselli y Maristany.

“No nos queda la menor duda, es que durante el lapso de tiempo ya mencionado (de 2008 a 2012), el erario municipal ha sufrido un quebranto injustificado que, por el mandato de la Carta Orgánica Municipal, no podemos silenciar, soslayar, y que indudablemente debe repararse”, subrayaron para concluir.