El boom inmobiliario no dejó sólo torres en la ciudad. Y no sólo afectó a Villa María, sino también a una amplia región.
En bulevar Sarmiento al 1300 se iba a construir a partir de 2008 un edificio de 12 pisos y los inversores aportaron capital de entre 30 y 40 mil dólares cada uno para adquirir un departamento. Las tareas comenzaron con la demolición de la casa ubicada en ese domicilio, dejando sólo la fachada, que aún muestra el abandono de la actividad.
Los inversores vieron esfumados sus anhelos al tiempo que la constructora desaparecía sin dejar rastros.
Con los recibos de lo aportado en la mano, la historia se rehizo cuando apareció un "salvador". Así le habrían presentado a la segunda empresa que se encargaría de ejecutar el mismo proyecto, pero en otro lugar, apenas dos cuadras de allí: sobre calle Carlos Pellegrini al 500. Pero para poder llevar adelante la obra la firma solicitó un nuevo aporte, mucho menor, que rondó entre 7 y 15 mil dólares y que le cedieran los derechos para poder ir contra la anterior firma que frustró sus ambiciones. Así lo hicieron y para completar ese pago uno de los damnificados entregó hasta una camioneta Chevrolet S10 doble cabina. Sí, damnificado, porque apenas iniciada la obra, con la demolición (dejando la fachada como en el caso anterior) y el cavado para las cocheras, "desaparecieron", afirmó un grupo de inversores a un periodista de EL DIARIO.
La historia
Un datero ofició de corredor inmobiliario representando, según indicaron los damnificados, a H. P. Canale. Se trataría de José Daniel Puccetti, quien medió para el arribo de Francisco Walter Olguín a la ciudad, incursionando en el negocio inmobiliario con un local en calle Mendoza 1087 con la firma W.Ol. & Asoc. Consultora y Administradora.
Los inversores narraron que la denominada Torre Sarmiento comprendía 12 pisos, por lo que estiman que "la estafa es bastante grande". Por un lado, aclararon que se trataría de más de un millón y medio de dólares. En segundo lugar, esa figura es la que utilizaron para iniciar las demandas civil y penal contra la firma encabezada por Olguín.
Son cinco al menos los demandantes, representados por los abogados Claudio Mariantoni y Gustavo Reyna Alvarez.
Los inversores
La captación de inversionistas no fue hecha al azar. Los mismos inversionistas confiaron que se trata en la mayoría de los casos de fondos provenientes del agro (productores de soja, comercialización de productos e insumos para el sector) y al menos dos casos de argentinos residentes en otros países que enviaron divisas a sus familiares, pensando en volver a su tierra y contar con su propiedad.
La publicidad de la posibilidad de invertir circuló por Justiniano Posse, Noetinger, San Antonio de Litín, Pasco, Etruria y Hernando, entre otros, marcando un radio menor a los 100 kilómetros de Villa María. También una inmobiliaria villamariense cayó en lo que se transformó en una maniobra presuntamente fraudulenta.
Desaparecieron
"Todo marchaba normal, creo", dijo uno de los inversores, pero de pronto "desaparecieron".
Pero "atando cabos", hasta los boletos que firmamos cada uno es distinto", explicó uno de los inversores. Al respecto, puntualizó que la firma de los mismos se realizó ante la escribana pública nacional Mónica Gómez Gianelli.
"Un año después, nos reanimamos, por decirlo de alguna manera, porque reapareció Puccetti y nos presentó a un salvador, a la constructora Ebucon (de Córdoba) para recuperar lo que habíamos puesto en un terreno sobre calle Carlos Pellegrini", indicaron los damnificados.
"Las obras se iniciaron, pero ya había mal clima", contó otro perjudicado. "Los movimientos de tierra hicieron mejorar la imagen de la constructora y la inversión comenzó a rodar nuevamente. Incluso salieron a captar más clientes en los mismos pueblos, con publicidad", agregó un tercero. Sabiendo algunos pobladores de la región sobre la inversión que estaban realizado los primeros, algunos se sumaron.
Más dinero
"Fue cuando nos explicaron que había que poner un dinero para adquirir el nuevo terreno y cederle los derechos a la constructora para que iniciara acciones legales, ya que nosotros no teníamos que pagar otra vez el departamento", recordó. Admitieron que dispusieron más dinero porque querían recuperar lo que habían pagado en primera instancia.
Pero la historia volvió a repetirse "y otra vez desaparecieron".
Ya en 2010, un grupo de los perjudicados en esta maniobra inició las demandas en los fueros civil y penal. La última audiencia se concretó el pasado lunes, sin más novedades que un cuarto intermedio hasta dentro de 20 días.
De todas maneras, las expectativas de los damnificados "no son muy buenas, porque sabemos que es difícil recuperar lo que pusimos". Y "por lo menos queremos darlo a conocer porque habría hecho lo mismo en San Francisco, queremos que no se repita nuestra amarga experiencia", sentenciaron.
La bronca
Un grupo de perjudicados en esta maniobra se contactó con un periodista de este matutino para manifestar su "bronca", porque el demandado Olguín reapareció en Villa María dictando una capacitación: "El señor viene a dar un curso como si nada", apuntaron.
Olguín se presentó en una doble jornada de actualización en la sede de la Asociación de Empresarios de la Región Centro Argentina (AERCA) el pasado jueves y viernes, en calidad de director de la subsede Córdoba del Colegio Profesional de Administradores de Propiedad Horizontal de la República Argentina. Estuvo dirigida a corredores inmobiliarios, administradores y público en general, y bastante concurrida.
Los puntos abordados fueron la Legislación en la Propiedad Horizontal, la responsabilidad penal del administrador, las asambleas y la función del administrador y las normas de calidad que regulan el consorcio, entre otros ítems.
Abordado por un periodista, Olguín dijo: "He sido perjudicado en el medio", para disponerse a dar explicaciones.
Es más, propuso que la inmobiliaria que también estuvo perjudicada y que asistió a la capacitación coordinada por él, "hiciera las veces de intermediaria con los inversores para convocar a una reunión en 30 días".
Respecto al proyecto de Torre Sarmiento, señaló que "no escrituraron porque aparecieron problemas con el dueño", al que aseguró le habían alquilado una casa para toda la familia a una cuadra de allí.
Reveló que la constructora contratada en la primera obra "fue la misma que en la segunda: del arquitecto Alfredo Bustos".
Precisamente ese es el apellido mencionado por los perjudicados.
Se justificó en esperar la audiencia, pero abonó que "los planos fueron presentados en la Municipalidad y contaban con la habilitación correspondiente, pero la constructora es la que nos perjudicó a todos. Yo vine a tomar posesión del terreno donde ejecutar el proyecto, ellos me pagaron y yo pagué a la constructora, no me quedé con nada de ellos", sintetizó.
Sobre su rol de capacitador, sostuvo que esos cuestionamientos no son viables "porque no pueden coartar mi posibilidad de trabajo".
Y finalmente, remató sobre la mediación en el ámbito judicial: "Yo no puedo arreglar con uno de los inversores presuntamente perjudicados porque después me cae a mí la constructora, porque ellos cedieron esos derechos".
Sentencia
Consultado el abogado de los demandantes, Mariantoni, adelantó que "en la audiencia del lunes apareció un nuevo abogado y no hubo propuestas". Al mismo tiempo, aseguró que "ya existen sentencias firmes en el fuero civil" en uno de los casos, lo que podría derivar en la inhibición para Olguín (más allá que resta presentar la apelación) y significa no poder comprar o vender nada en el ámbito de la provincia.
