Invertir “en pozo” es una alternativa para quienes quieren -y pueden- adquirir propiedades. Sin embargo, no deja de ser un riesgo si no se toman ciertos recaudos.
Por esa razón, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Córdoba (Ley 7.191) recomendó a los inversores que verifiquen si el asesor inmobiliario está matriculado.
La sugerencia surge después que el martes último publicáramos en EL DIARIO que a través de una compleja trama de promesas incumplidas, engañaron a un grupo de inversores que pagaron para construir una torre de departamentos que hasta el momento no se hizo.
“Ante esos sucesos que tomaron estado público recordamos que a fin de evitar este tipo de situaciones gravosas para quienes pretenden efectuar inversiones, existen profesionales debidamente matriculados y con el respaldo de una fianza por eventual mala praxis”, indicaron.
Agregan que la Ley 7.191 “establece las pautas sobre las que el corredor debe actuar en su profesión y las consecuencias, por lo que efectuar operaciones con profesionales debidamente matriculados es una garantía para el público en general”.
“No se deje engañar ni estafar por quienes ejercen la tarea de manera ilegal. Quien así lo hace, viola la legislación penal y como tal, es pasible de ser condenado por ejercicio ilegal de la profesión”, aseguraron.
Recomiendan consultar a los teléfonos 0351- 4262962 ó 0351-4250638 si el inmobiliario que los asesora está matriculado.
El caso
La historia que motivó la recomendación del Colegio de Martilleros se originó en el año 2008, cuando a través de la firma W.Ol. & Asoc. Consultora y Administradora, liderada por Francisco Walter Olguín, se proyectó la construcción de una torre de 12 pisos en el bulevar Sarmiento al 1300.
Comenzaron con la búsqueda de inversores y encontraron el eco en la región. Cada inversor aportó entre 30 mil y 40 mil dólares, por lo que estiman que están hablando de un aporte total de un millón y medio de la moneda estadouniense. Pero la torre no se hizo.
Olguín llegó a Villa María de la mano de un “datero” inmobiliario, José Daniel Puccetti, quien aseguró representar a la inmobiliaria H.P Canale.
Como la torre no se hizo y los constructores desaparecieron, los inversores volvieron a confiar en Puccetti, quien les presentó a un salvador, que no era ni más ni menos que otra constructora que ahora sí, iba a hacer la torre.
Lo único, debían poner “unos pesos más” -entre 15 mil y 17 mil dólares- para hacer el proyecto en otro terreno sobre la calle Carlos Pellegrini.
Como era de esperar, pasó lo mismo y volvieron a desaparecer.
Por esa razón, al menos cinco de los inversores presentaron una demanda en la Justicia y esperan el resultado de esa instancia para tratar de recuperar algo de lo que aportaron.
Mientras tanto Olguín volvió a Villa María días atrás, pero no para hacer la torre prometida, sino para capacitar a sus pares en legislación sobre propiedades horizontales.
