El auditor general de Villa María, Luis José Rey, participó del II Plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) realizado en la ciudad de Santa Fe.
En la oportunidad, Rey, acompañado del secretario administrativo del mismo organismo, Gastón Faro, presentó en plenario las temáticas que afectan a Villa María y la región referidas a las actas de infracción labradas por la Policía Caminera de la provincia.
En ese sentido, se refirió a las irregularidades detectadas en el proceso de juzgamiento de las mismas, como así también las notificaciones remitidas por la Dirección General de Administración de Infracciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuales se imputan infracciones no cometidas.
En la ocasión, Luis Rey expresó: “Podemos asegurar con satisfacción que este nuevo plenario de ADPRA resultó de sumo provecho, por la importancia y gravitación que diariamente tienen cada uno de los temas tratados en cada una de las defensorías de todo el país”.
Actividad en detalle
Las actividades estuvieron divididas en dos jornadas.
En la primera de ellas se realizaron conferencias a cargo de distinguidos profesionales, como el defensor del Pueblo de Corrientes, Miguel Alegre, exconvencional constituyente en 1994; las disertaciones a cargo de Rubens Pinto Lyra, de la Universidad de Paraiba, de la República Federal de Brasil, y del Comisionado para cárceles de la República del Uruguay.
Además, se inauguró en el recinto de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe la exposición del texto de la Constitución de 1853, que fuera remitido desde la Biblioteca del Congreso Nacional, oportunidad en la que disertó Carlos Constenla sobre “la Constitución y el defensor del Pueblo”.
En cuanto al plenario propiamente dicho, fueron sometidas a debate, entre todos los asistentes, distintas cuestiones propuestas por las distintas defensorías del país, como la aprobación del reglamento de la red de discapacidad, la declaración de servicio púbico del servicio de telefonía celular, la factibilidad de formular planes de contingencia y establecer mecanismos de colaboración ante situaciones de crisis (atento a los hechos sucedidos por la inundación de la ciudad de La Plata), la situación de discriminación y violencia que padecen los miembros de las comunidades indígenas que habitan en la provincia de Formosa y la demora en la entrega de medicamentos e insumos por parte del PAMI.