La Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA) Villa María comunicó que ha tomado conocimiento acerca de la "situación de precariedad y explotación laboral en la que se encuentran los trabajadores y trabajadoras de empresas de vigilancia y seguridad privada de la ciudad y Villa Nueva".
En ese sentido, manifestaron la necesidad de "hacer saber públicamente su preocupación ante esta realidad que viven, además, muchos otros asalariados de la zona, como ya fuera denunciado también por la Confederación General del Trabajo (CGT) local".
"De los aproximadamente 450 compañeros vigiladores (un 40% de ellos es personal femenino) que se estiman empleados en ambas ciudades (en todos los puestos u objetivos), sólo el 30% estaría blanqueado laboralmente en forma completa", indicaron en un comunicado.
Agregaron que "en la mayoría de los casos no se cumplen las leyes laborales ni previsionales ni el Convenio Colectivo sindical firmado con la CAESI de la provincia de Córdoba, cámara patronal que agrupa, por ejemplo, a empresas locales tales como 'El Aguila', 'UDV SRL', 'Seguridad VM', 'Omega Seguridad', 'GPS', etcétera, contratada esta última por la Municipalidad de Villa María, la misma que este año festejó la reapertura de la delegación Villa María del Ministerio de Trabajo (de la Nación)".
Muchos ítems
También explicaron que "los pocos compañeros (trabajadores blanqueados) lo están por cuatro horas, cuando debería ser por ocho, pero trabajan 12 horas diarias como mínimo para llegar al sueldo básico remunerativo de convenio (3.150 pesos). A la hora de trabajo se la están pagando sin distinción a 13 pesos, cuando el valor de convenio es 15,40 pesos los días de semana y 30 pesos (el doble) los domingos y feriados, que si no son trabajados, no son pagados por las empresas a los compañeros, quienes además no tienen pagos los días de licencia por enfermedad (si se enferman, no cobran) y la obra social la tiene que contratar el trabajador por su cuenta. El 'adicional por nocturnidad' (0,1% por hora trabajada desde las 21 hasta las 6) no llega al bolsillo de los vigiladores. Tampoco hay en las empresas delegados sindicales electos que puedan representar con inmunidades de ley a los trabajadores en los reclamos laborales y salariales. Se ha denunciado que la patronal no permite la sindicalización y que el activista gremial que es detectado, inmediatamente lo despiden, lo que representa un ataque a la libertad sindical".
"Las autoridades gubernamentales de todos los niveles y los empresarios no pueden ser ciegos ni sordos ni cómplices ante esta situación y deben tomar cartas en el asunto urgentemente, para garantizar los derechos que le corresponden a este numeroso sector de trabajadores", concluyeron.