Edgardo Filippi, jubilado como juez Federal de la Nación, recibió a EL DIARIO en su casa de Bell Ville, para hablar de la causa judicial más importante que tuvo en sus manos y que terminó con una condena a un expresidente de la Nación: Carlos Menem.
Todo comenzó en enero de 1997. “A raíz de una denuncia periodística de Luis Tagni, quien indicó que había un acta falsa de incineración de pólvoras producidas en la Fábrica Militar de Villa María, comencé a investigar de oficio”, dijo, recordando con impecable memoria los hechos que se sucedieron vertiginosamente y que marcaron el principio del fin de la década menemista.
En ese momento, no advirtió que estaba en un caso en el que el principal involucrado era el entonces presidente de la Nación.
En la investigación, Filippi comprobó el recorrido de la pólvora y el tráfico organizado de material bélico con destino a países en guerra (como Croacia y Ecuador, ante los cuales, formalmente, Argentina se constituía en garante de la paz), pero al seguir la investigación en Buenos Aires, debieron pasar 16 años para que se condenara a Menem por “contrabando agravado” a 7 años de prisión.
“Las condenas deberían llegar cuando están en funciones. Ahora, tanto el expresidente Menem (hoy senador) como la mayoría de los involucrados, tienen más de 70 años, por lo que llegarán -si hay desafuero- a cumplir una prisión domiciliaria”, afirmó.
La historia
Cuando inició la investigación de oficio, Filippi comenzó “a estudiar si el acta era o no falsa. Para ello, consultamos en el polígono de Serrezuela, donde según esa acta habían quemado las pólvoras y allí nos confirmaron que jamás hubo incineración”, señaló.
“El entonces director de la Fábrica Militar, (Carlos) Pavón, nos dijo que habían anulado el documento y que había otro, que decía que la pólvora se había incinerado en Pilar, provincia de Buenos Aires. Investigamos y tampoco fue allí”, agregó.
“El segundo paso, al saber que la pólvora no fue quemada, fue conocer el destino que había tenido. Así pudimos comprobar que había salido de la fábrica en contenedores y que, coordinadamente, se reunieron las cargas de material bélico provenientes de otras fábricas militares en un depósito de Campana”.
Pese a los silencios y evasivas de los involucrados, logró armar el complejo rompecabezas que permitió conocer cómo confluyeron en el buque Opatija (con bandera de las islas caribeñas de San Vicente y Granadina), los cargamentos de cañones, espoletas y pólvoras, producidos en diferentes fábricas militares del país.
Ya no tenía en sus manos una causa para determinar si el acta de incineración era o no falsa. Ahora, estaba investigando un tráfico de material bélico, en el que estaban involucrados la Dirección de Fabricaciones Militares, la Aduana y varios ministerios. “Evidentemente que si estaban todos esos organismos, alguien de rango superior los coordinaba. Ese alguien era el Poder Ejecutivo de la Nación”, dijo.
Cuatro meses de “novela”
Cuando se habla de que la Justicia es lenta, es importante señalar que hay excepciones. Filippi, desde el Juzgado Federal de Bell Ville, pudo corroborar el destino del material bélico, la ruta del buque que llevó el armamento a Croacia y los bancos utilizados para hacer la operatoria económica por dos millones y medio de dólares, en sólo cuatro meses.
No pudo seguir avanzando porque si bien el origen de los hechos se había producido en Villa María (por entonces bajo la territorialidad del Juzgado de Bell Ville), el delito central ya no era la falsedad ideológica de un acta, sino el contrabando de armas. Los organismos involucrados estaban en Buenos Aires y allá fue a parar la causa.
“Fue una novela”, calificó Filippi a esos cuatro meses intensos de investigación. “Tuvimos silencios, evasivas, pero siempre hicimos valer el rol del Poder Judicial y pudimos obtener la información que requerimos”, agregó.
Cuando traspasa la causa, hace un acta de más de 30 páginas en el que deja sentado todo lo actuado. “Usualmente, son necesarias dos o tres páginas, pero quisimos dejar constancia de todo lo actuado para que quedara protocolizada la investigación, porque si se perdían los expedientes, no iba a quedar nada. No es por jactancia, pero le puedo asegurar que el juez que continuó, tenía todos los hechos comprobados”, señaló.
Sin presiones y sin miedo
Asegura que durante esa “novela” de cuatro meses, no sufrió presiones de ningún poder público para dejar de investigar. “Hubo una llamada, en la que un abogado me insinuó que el expediente iba para Buenos Aires. Unos días después, la fiscal de Bell Ville formalizó el pedido para que me declare incompetente, pero no fue presión”.
A la hora de hablar de miedos, dijo que jamás lo sintió. “Estuve muy protegido por la prensa. El hecho de que a diario saliera en todos los medios, era un seguro para mí”. Igual, nunca tomó recaudos porque no sintió temor. “Los más preocupados eran los amigos, que me decían que debía cuidarme. Yo siempre sentí que cumplí con mi deber”, recordó.
Edgardo Filippi, abogado y maestro, se jubiló en 2004 después de 20 años como juez. Disfruta de la familia en su Bell Ville natal, de la música (aseguran que es un maestro tocando el bandoneón) y de los cactus. Y por sobre todo, está tranquilo porque sabe que pese a todo, cumplió con su deber.
Patricia Gatti
