A una “catarata de sentencias adversas” tendría que hacer frente en el corto plazo el municipio, por las demandas judiciales de empresas que cuestionaron la procedencia del tributo conocido como impuesto al “maletín”, o a la “valija”, y firmas que reclamaron resarcimientos por expropiaciones impropias.

La preocupante situación que asola a la comuna fue advertida por los tribunos José Naselli y Gustavo Maristany, que en la víspera remitieron un pedido de informes al intendente Eduardo Accastello y a otros titulares de estamentos oficiales.

Recordando que desde hace tiempo los tribunos vienen anticipando que la situación que podría poner en jaque al erario público iba a suceder, enfatizaron que “a un año y medio de nuestras alertas, la situación hoy es mucho más grave”.

“Los fallos obligan a la comuna a devolver ingentes sumas de dinero, más los intereses devengados desde el instante mismo en que las empresas reclamantes se vieron obligadas a pagar”, indica el escrito, que no brinda detalles concretos de los demandantes.

“Se han declarado nulos muchos decretos del Departamento Ejecutivo y Resoluciones de la Administración Municipal de Ingresos Públicos (AMIP). Y para empeorar las cosas, se han interpuesto recursos judiciales que han sido declarados inadmisibles, lo que significa comprometer más las finanzas comunales con nutridos honorarios por las tareas recursivas”, ampliaron Naselli y Maristany al ilustrar el complejo panorama que se avecina.

“De manera incomprensible, advertidos tanto los jueces como las partes de que la doctrina fijada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (y aceptada por el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba) en tales litigios era contraria a las pretensiones del municipio, se desechó la vía de la ‘mediación’ como solución decorosa a esta hecatombe controversial”, subrayaron los referentes de la oposición en el Tribunal de Cuentas.

En el terreno de lo paradójico, los tribunos encuadraron el hecho de que  apenas ingresado al municipio el impuesto determinado por el artículo 117 de la Ordenanza General Impositiva (OGI), “se le entregó un porcentaje del mismo al estudio jurídico de los abogados Villegas Ninci y Aguirre Mosquera. Luego, en las demandas por la devolución de dicho impuesto, el mismo estudio jurídico, por intermedio de uno de sus integrantes, copatrocinó al municipio. Ante el resultado infeliz  de los litigios, el municipio debe devolver al contribuyente el importe total del impuesto, con intereses”.

La pregunta de los vocales  ante el cuadro expuesto se impone de inmediato. “¿Cuál es la postura del Gobierno municipal respecto al porcentaje abonado al estudio jurídico, si dicho porcentaje pertenece a una suma dineraria que no correspondía ser percibida y que ahora debe ser devuelta?”.

Antes de cerrar, los impulsores del pedido de informes le recordaron al jefe comunal su responsabilidad en el tema por “… Actuar en juicio en representación del municipio, por sí o por apoderados letrados…”, sin perjuicio por supuesto de la responsabilidad que les pueda caber a quienes tuvieron y tienen a su cargo los asesoramientos legales  “abonados con fondos provenientes del erario público”.

A modo de conclusión, los tribunos solicitaron de manera “urgente” el  “listado completo de las causas judiciales en las que el municipio sea parte y que actualmente tramiten por ante cualquier tribunal de la provincia de Córdoba”, “número y fecha de los autos interlocutorios y/o sentencias recaídas y, en su caso, si dichas resoluciones fueron objeto de recursos por parte de la comuna. En su caso, si los recursos fueron concedidos o denegados y el Tribunal de Alzada donde eventualmente se tramitan”.