Los judiciales reclaman el mismo aumento que los jueces
El pasado viernes 14 de junio se les pagó a los magistrados y funcionarios judiciales provinciales el aumento del 10% que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó para todo el Poder Judicial de la Nación, retroactivo al 1º de marzo.
Los jueces cordobeses, desde la sanción de la Ley 10.106, el pasado 24 de octubre, gozan del régimen de Equiparación con la Justicia Federal, con sus remuneraciones "enganchadas" a un 80% de lo que cobran sus pares del Poder Judicial de la Nación.
De esta forma, en noviembre del año pasado, cuando todos los empleados de la Administración Pública percibían un módico 6,25% (incluidos los trabajadores judiciales), los jueces y funcionarios recibieron un 11%, en virtud de esa ley de Equiparación, votada el 24 de octubre por los legisladores de Unión por Córdoba y los de la Unión Cívica Radical.
Luego, gracias a los aumentos fijados por la Corte Suprema, tuvieron un 5% más de aumento a partir del 1º de noviembre y otro más desde el 1º de enero de 2013, todos acumulativos. Ahora, con este 10% de aumento, llevan acumulados un 34,6% de aumento desde noviembre de 2012.
Mientras tanto, los empleados judiciales, que en febrero de este año percibieron un 14% de aumento, fruto del acuerdo entre el SEP y el Gobierno provincial (aunque sin posibilidad de negociar ningún acuerdo salarial con su patronal el Tribunal Superior de Justicia), llevan acumulados, desde noviembre de 2012, un 21,1% de aumento.
En seis meses de vigencia de la Ley de Equiparación, los jueces y funcionarios les sacaron una “diferencia” de 13.5 puntos en sus aumentos salariales a los empleados judiciales.
Esta brecha salarial entre los que más y los que menos ganan, se irá agrandando cada vez más si no se cambia de manera urgente esta doble política salarial, que ha demostrado la curiosa forma de “hacer justicia” que tiene el Gobierno de Córdoba el Tribunal Superior de Justicia: darle más a los que más ganan, y menos, a los que ganan menos.
Por ello, los empleados judiciales estamos en estado de alerta y movilización, y el miércoles 19 de junio, a las 11 horas, nos concentramos en Tribunales I para protestar por esta nueva injusticia y para exigir al Tribunal Superior de Justicia una respuesta al petitorio, con más de 2.500 firmas, que fue entregado el pasado 30 de mayo al presidente del mencionado tribunal, doctor García Allocco, y que todavía no ha tenido respuesta alguna por parte del más alto Tribunal provincial.
Los judiciales pretendemos una ley de remuneraciones integral para el Poder Judicial, con la instalación del sistema porcentual, que establece que a cada aumento que se les otorga a los jueces, corresponde un incremento proporcional a todo el escalafón de empleados.
Y hasta que esa ley sea sancionada, los menos que puede exigirse es que se aplique el mismo porcentaje de aumentos a todo el Poder Judicial, tal como hace la Corte Suprema de Justicia en el Poder Judicial de la Nación.
Si eso no ocurre, comenzaremos con un plan de lucha, que incluirá asambleas, trabajo a código y paros, hasta que el Tribunal Superior de Justicia y el Gobierno entiendan que nuestro reclamo es justo y legítimo.
Irina Santesteban
Secretaria General de la AGEPJ
El blanqueo es inequitativo y con efecto limitado
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas califica al blanqueo de capitales instrumentado por la Nación como inequitativo, reñido con la ética y sin efectos económicos decisivos.
El análisis de la ley fue realizado desde la óptica económica y desde la técnica-tributaria por integrantes de las comisiones de Economía y Tributaria de la entidad, por lo que el impacto sobre las reservas sería casi nulo, mientras que tendría uno parcial sobre la reactivación de la construcción.
La economista Mary Acosta definió el escenario de deterioro general de la situación económica que impulsa al Gobierno a instrumentar el blanqueo. Hay complicaciones en el frente monetario (desmejoramiento de la relación base monetaria-reservas), empeoramiento del área fiscal, aparición del dólar paralelo y necesidad de restricción a las importaciones para conseguir superávit comercial.
Hay una aceleración “importante” en la tasa de devaluación de este año para no continuar con la depreciación. Hoy el único ingreso genuino de divisas es la balanza comercial, que viene cayendo fuerte: el acumulado a abril de este año es el más bajo de los últimos siete años (2.462 millones de dólares contra 4.794 millones de dólares del mismo período del 2012). El factor desencadenante es la creciente importación de combustibles, por lo que el rojo del sector este año estaría entre los 5 mil y 7 mil millones de dólares. Respecto a cuántos meses de importaciones se podrían cubrir con las reservas, hoy está en tres meses, “algo por debajo de lo ideal”.
Acosta resumió el impacto potencial del blanqueo con tres escenarios diferentes, si ingresan 2 mil millones de dólares; 3.500 millones o 5 mil millones siempre a través del CEDIN. Para las reservas, en el mejor de los casos, no serviría para llegar a los niveles de un año atrás. En el caso de la inversión a través de la construcción, las tres alternativas tendrían efecto positivo.
Otra posibilidad mencionada por la economista es que ANSES intervenga y termine absorbiendo el CEDIN con recursos del Fondo de Garantía: “Actuaría como un Banco Central alternativo al poder salir a fijar precios”.
Lupa tributaria
Diuvigildo Yedro y Arturo Zarazaga, de la Comisión de Tributaria del Consejo, subrayaron que la norma tiene los recaudos de legalidad y constitucionalidad, ya que está dentro de las atribuciones del Congreso dictar normas de amnistía y, además, tiene el paraguas del Código Penal. Yedro, afirmó que en Argentina el 55% de la economía en el país es “informal” (proveniente de la evasión o de actividades ilícitas). En los países desarrollados esa cifra es de entre el 10% y el 15%.
En una década de aplicación de la ley contra el lavado de activos, en Argentina hay sólo tres condenas efectivas. “Los blanqueos, si bien se aplican cada tanto en todas las naciones, son mal vistos y es probable que nosotros -que estábamos en la lista gris internacional- pasemos a la negra”, dijo Yedro. La clave es la diferencia de dinero informal que circula entre las distintas economías.
El experto analizó la condición de que quienes se sumen al blanqueo deben renunciar a reclamos judiciales pendientes por ajuste por inflación: sólo el acogimiento implica la renuncia expresa a esas acciones. “Legalmente esto no funciona así, hay que comparecer, renunciar y pagar las costas fijadas”, explicó.
También apuntó que la ley nacional deja abierta la posibilidad de que las provincias reclamen el cobro de impuestos por el blanqueo así como tampoco la amnistía alcanza a los tributos aduaneros. Para el fisco provincial ese dinero es Ingresos Brutos. Hasta ahora sólo Chaco y Formosa adhirieron a la norma.
Los bancos, ante cada operación de blanqueo, deberán informarla porque están obligados por las leyes de prevención de lavado de dinero. También los escribanos, síndicos, auditores, intermediarios inmobiliarios directores y los profesionales de Ciencias Económicas deberían dejar constancia en sus dictámenes de que hay “sospechas”.
Entre los aspectos puestos entre signos de pregunta por los expositores se cuentan: una trazabilidad del CEDIN “dudosa” porque el endoso es optativo; por qué los bancos aceptan participar gratuitamente; si serán las denominadas “cuevas” las que terminen interviniendo en el mercado secundario y si los “beneficios” de la amnistía alcanza a los suscriptores originales o a todos los que vienen por detrás.
