El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia de Córdoba rechazó un recurso de casación interpuesto por el abogado defensor del comisario Carlos Darío Páez, quien hace dos años fue condenado por la Cámara del Crimen de San Francisco por un caso de abuso policial que tuvo como víctima al martillero villamariense Jorge Alberto Barrera.
La Sala Penal del TSJ, integrada por las vocales Aída Tarditti, María Esther Cafure de Battistelli y María de las Mercedes Blanc de Arabel, desestimó un planteo formulado por el letrado cordobés Alejandro Pérez Moreno, quien en representación de Páez había objetado la sentencia de un año de prisión de ejecución condicional (es decir, en suspenso) y dos años de inhabilitación para ejercer la función pública, impuesta por la Justicia sanfrancisqueña el 23 de junio de 2011.
En aquella oportunidad y luego de varias audiencias de debate, Páez fue declarado culpable de los delitos de “privación funcional e ilegal de la libertad” y “abuso de autoridad” en perjuicio de Barrera, por un hecho ocurrido el 14 de noviembre de 2008 en la localidad de Brinkmann, más precisamente en el cruce de las rutas provinciales 1 y 17, durante un control policial.
Aquel trascendental fallo, que sentó un precedente en la jurisprudencia de la provincia ante los reiterados episodios de abuso policial registrados en los últimos años, fue ahora confirmado por el máximo cuerpo judicial cordobés.
La condena del jefe policial fue producto de una larga y paciente lucha del profesional villamariense, quien sólo con el auxilio legal del abogado que lo patrocinó en calidad de querellante, Mario Ruiz, y el respaldo de algunos medios de prensa, no sólo enfrentó a la corporación policial de aquella región de la geografía cordobesa, sino también al poder político de las localidades de Brinkmann y Porteña, que hicieron causa común con el comisario Páez.
Un par de semanas después de conocido el fallo, el abogado Nicolás Abrile, defensor del uniformado, presentó un recurso de casación para solicitar que el caso fuera considerado por el TSJ.
Luego de dos años, el máximo tribunal de la provincia se expidió rechazando el planteo, con lo cual confirmó la sentencia Nº 98, del 19 de julio de 2011, dictado por la Cámara en lo Criminal y Correccional de San Francisco.
La detención
Jorge Barrera, un conocido martillero judicial y perito tasador que hasta hace un par de años estuvo radicado en Villa María, había viajado a Brinkmann para cumplir con una serie de tareas en su calidad de auxiliar de la Justicia, sin imaginar que iba a pasar varias horas en un calabozo, acusado de “merodeo”.
Aquel 14 de noviembre, alrededor de las 14, Barrera llegó a Brinkmann con la misión de reunir los elementos necesarios para tasar dos propiedades inmuebles involucradas en un juicio que se tramitaba en los Tribunales de la ciudad de Morteros.
Durante ese relevamiento, el martillero tomó varias fotografías del sector donde estaban los inmuebles, actividad que fue observada por varios vecinos quienes, desconociendo de quién se trataba, dieron aviso a la Policía.
Una vez concluida su tarea, Barrera se subió a su vehículo y se dispuso a regresar a Villa María, pero en el cruce de las rutas 1 y 17 fue interceptado por personal policial en un control de rutina, que tras pedirle sus documentos y los del coche, lo interrogó sobre los motivos de su presencia en Brinkmann.
Pese a identificarse convenientemente y luego de explicar lo que había estado haciendo, el profesional fue demorado y se lo trasladó a la Comisaría de la localidad, donde el por entonces subcomisario Páez dispuso su detención, por lo que fue alojado en un calabozo, previo ser obligado a sacarse el cinto y entregar los anteojos, el celular, la cámara fotográfica y su cuaderno de anotaciones.
Barrera recuperó la libertad cinco horas más tarde y a raíz de lo sucedido denunció el proceder policial, lo que derivó en la intervención del fiscal Oscar Gieco, de San Francisco, que inició una investigación sobre la actuación de Páez por supuesto “abuso de autoridad” y “privación ilegítima de la libertad”.
Del mismo modo, el martillero villamariense efectuó presentaciones similares ante el Tribunal de Conducta Policial y ante la Fiscalía General de la Provincia.