El fiscal federal Enrique Senestrari planteó ante la Cámara Nacional Electoral la “revocatoria” de un fallo de primera instancia y que se apliquen sanciones al Partido Justicialista de Córdoba, principal partido político de la alianza Unión Por Córdoba (UPC) que lidera el gobernador José Manuel de la Sota, por los fondos que recibió de proveedores del Estado para la campaña electoral en el 2009.
Las donaciones en cuestión constituyen una “violación” a la Ley Nº 26.215 de Financiamiento de Partidos Políticos, sostiene el fiscal Senestrari en su presentación, por entender que los aportes fueron realizados por “empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias o los municipios”, entre otros organismos.
En fallo de primera instancia el juez federal Ricardo Bustos Fierro entendió que esos aportes no constituían delitos porque se hicieron a título personal y no a título de empresario.
“La idea genérica que plantea el juez (Bustos Fierro) para no aplicar sanciones no se condice con lo que establece la normativa porque está claramente determinado que están prohibidos los aportes, tanto en forma directa como indirecta”, dijo Senestrari a la agencia Télam.
Los datos sobre los aportes corresponden a los destinados a las elecciones parlamentarias nacionales del 2009, oportunidad en que PJ cordobés ya estaba bajo la conducción del actual titular, Carlos Caserio, y en el Gobierno de la provincia Juan Schiaretti, ambos precandidatos a diputados nacionales de UPC para las primarias del 11 de agosto.
Algunos argumentos
Entre los argumentos, el fiscal hace referencia a que en reiteradas oportunidades la Cámara Nacional Electoral se expidió por la prohibición de recibir aportes de determinadas personas -físicas o jurídicas- así como de empresas o entidades prestadoras o concesionarias de servicios públicos, asociaciones sindicales, patronales y profesionales.
En ese sentido, lo que se procura es salvaguardar la “independencia, especialmente de aquellos candidatos que resultaren electos, respecto de grupos económicos que hubieren colaborado en la financiación de su propaganda”, resalta Senestrario en el escrito.
Asimismo, entiende que este tipo de financiamiento “resulta pernicioso” en el sistema, pues “permite que los partidos políticos representen intereses privados o particulares de quienes contribuyen a su sostenimiento, convirtiéndose en un tráfico de influencia y corrupción”.
Finalmente, agrega que “a cambio de las donaciones, ya sea directas o indirectas, las empresas pueden obtener prebendas y/o privilegios en desmedro de la ética en la administración pública y perjudicando la democracia misma”.
“Se necesita un cambio”, advirtió Llaryora
El cabeza de lista del Frente Renovador que competirá en las elecciones primarias del 11 de agosto, Martín Llaryora, manifestó ayer que “el pueblo está esperando un cambio en Córdoba, un cambio que se necesita, así como también espera un cambio dirigencial en el peronismo y creo que nosotros representamos ese cambio”.
Llaryora, actual intendente de la ciudad de San Francisco, sostuvo que Córdoba necesita generar un marco político provincial y nacional para “constituir un modelo de más desarrollo y más progreso”.
En ese contexto, dijo a la prensa cordobesa que “desde hace más de 20 años, en el justicialismo de Córdoba están los mismos dirigentes. Creemos que hicieron mucho, pero hay que hacer más. La democracia necesita de una renovación de dirigentes”.
Sobre el tema, añadió que el peronismo es un gran movimiento, con “dirigentes que merecen una oportunidad” y consideró innecesario recurrir a extrapartidarios cuando en el mismo peronismo se cuenta con gente importante que está esperando tener una oportunidad.
La lista del Frente Renovador lleva en los tres primeros lugares de las primarias a Llaryora, a la dirigente del Nuevo Peronismo, María José Viola, y al intendente de Morteros, Germán Pratto.
Para las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el distrito de Córdoba presenta 11 sectores y 16 listas.
El Frente Para la Victoria (FPV) lleva como cabeza de lista a la exrectora de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Carolina Scotto, y en segundo lugar al villamariense Martín Gill.
El radicalismo lleva tres listas que están encabezadas por Oscar Aguad (Confluencia), Miguel Angel Abella (Cambio) y Dante Rossi (Idendidad).
En el Partido Justicialista (PJ) competirán la lista de Schiaretti (Unión Por Córdoba) y Llaryora (Frente Renovador).
El Frente Progresista y Social está encabezado por Ernesto Martínez; Unión PRO lleva al exárbitro de fútbol Héctor Baldassi; Fuerza de la Gente a la concejala capitalina Olga Riutort; Coalición Cívica-ARI a Roberto Cucui y el Movimiento al Socialismo a Eduardo Mullhall.
Por su parte, el frente Es Posible, de los hermanos puntanos Rodríguez Saá, lleva al extitular del Banco Central de la República Argentina durante la dictadura cívico-militar y exministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, Domingo Cavallo.
Se completa con las tres listas del sector de Encuentro Vecinal Córdoba, que propone a María Rosa Marcone (Democracia en Libertad); Nélida Maders, viuda del asesinado senador radical Regino Maders (Refundación Popular), y Carlos Luques (Gente Nueva).
Con las elecciones del 27 de octubre, Córdoba renovará nueve diputados nacionales: tres del radicalismo, tres del Frente Cívico, dos del delasotismo UPC y uno del Frente Para la Victoria.
