Los vocales del Tribunal de Cuentas, José Naselli y Gustavo Maristany opinaron que el Balance General y cuadros anexos de la Municipalidad de Villa María correspondiente al Ejercicio 2012 “no presentan razonablemente la situación patrimonial y financiera al 31 de diciembre de 2012” y por lo tanto sugirieron a los integrantes del Concejo Deliberante (que deberán próximamente analizar, evaluar y decidir la suerte del informe) “no aprobarlo”.
La acción determinada por los referentes de la oposición en el órgano de contralor, fueron dadas a conocer ayer en el dictamen que efectúo el Tribunal de Cuentas municipal respecto del Balance General del Ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el último día del año pasado.
En los fundamentos de su apreciación negativa, los tribunos le apuntan al Departamento Ejecutivo que “incumpliendo en forma reiterada, normas legales y éticas, omite, sistemática y deliberadamente, contestar nuestros pedidos de informes, y de esta manera, obstaculiza, entorpece, las facultades investigativas y de control que la Carta Orgánica instituye como competencia funcional del Tribunal de Cuentas”, manifestaron Naselli y Maristany.
Los denunciantes, a renglón seguido apuntan que “la ausencia metódica y persistente de la información necesaria por parte del Ejecutivo, se agrega la indiferencia de otros estamentos del Gobierno municipal”.
“Nos llevan a la convicción de que se ha entregado información parcial, sesgada e incompleta, lo que nos impide avalar la misma”, completaron.
Una de los tantas situaciones que fueron detectadas por los tribunos está relacionada con las previsiones económicas para atender eventuales sentencias judiciales adversas. Según indicaron los funcionarios, para el período 2012, la reserva asciende a la suma de 2.513.084,66 pesos.
En el dictamen, los vocales remarcaron que simplemente se reiteró el importe prevenido para el Ejercicio inmediato anterior (2011), “sin atender factores de la economía que necesariamente alteran las situaciones de previsión, como ser: factores generales (notoria inflación) como particulares, especialmente el incremento de causas contra la comuna, la adición de sentencias adversas, con los consiguientes gastos causídicos”.
En relación a las causas en que estaría naufragando la comuna, se destacaron “las sumas dinerarias abonadas a estudios jurídicos extraños a nuestra jurisdicción, para patrocinar etapas recursivas en los casos de sentencias adversas”.
“Si bien dichas sumas se imputan a otras previsiones, es indudable que el gasto reconoce el mismo origen, o sea, se recurre a abogados externos, para elaborar escritos recursivos, que bien podrían ser atendidos por el nutrido plantel de profesionales del derecho que pueblan las nóminas del municipio”, manifestaron.
“La prueba de que la previsión presupuestaria no se corresponde a una apreciación prudente de la realidad, la tenemos cuando, para eludir un impacto directo sobre las finanzas municipales, se recata el problema mediante la entrega (en propiedad). de inmuebles (terrenos), destinados a planes de vivienda, por lo que, indefectiblemente, los últimos perjudicados por la falta de previsión económica suficiente, son vecinos con legítima expectativa a acceder a la vivienda económica prometida”, advirtieron.
Juicios y más
En otro tramo del escrito y en referencia a la situación de la comuna ante la Justicia, los tribunos recordaron que al pedir informes sobre esta temática “no se referían solamente a los juicios por la devolución de contribuciones cobradas ilegítimamente”.
“También aludíamos concretamente a diversos juicios de expropiación (y/o de cualquier otra naturaleza), que penden sobre las finanzas municipales”, aclararon.
Sin brindar detalles de las causas, Naselli y Maristany comentaron que “en una de ellas, la comuna resultó perdidosa en tres instancias, y al presente se encuentra pendiente de lo que resuelva el Superior Tribunal de Justicia sobre la concesión de un recurso extraordinario. Ese solo litigio, en estos momentos, representa una eventual reparación que excede largamente la previsión presupuestaria.
“También se encuentra, en etapa recursiva (ante el mismo Superior Tribunal) otro fallo recaído en uno de los varios juicios que se originaron por la expropiación del predio sobre el que se asienta el complejo edilicio denominado “las 400 Viviendas”, que condena a la comuna a pagar a la parte expropiada una suma varias veces millonaria”, anexaron.
“El estado de situación patrimonial que deben reflejar los Balances y Cuadros Anexos, cobra una importancia capital en orden al conocimiento que deben tener los particulares interesados, y los vecinos en general, sobre el verdadero estado económico del municipio”, expresaron en el dictamen los vocales.
“Entregar información incompleta, o que no refleja en forma prudente la realidad financiera (como es la de suponer que con dos millones y medio de pesos podemos solucionar la pavorosa realidad que se cierne sobre el patrimonio público), nos impide, en conciencia, evaluar positivamente la información que analizamos”, también indicaron antes de concluir que se encuentran “evaluando la factibilidad de promover una auditoría y en su caso recurrir a la Justicia ordinaria”.
