El 25 de enero de 2009 una comitiva de policías federales, Gendarmería, abogados y psicólogos, junto a funcionarios judiciales, allanó las whiskería El Quincho, ubicada a la salida de la localidad de Cruz Alta, en el Departamento Marcos Juárez, pegada al límite con Santa Fe.
Buscaban a dos humildes jóvenes paraguayas de la ciudad de Encarnación, caídas en una red de trata de personas. El padre de una de las chicas denunció en la Justicia que su hija estaba encerrada en el local donde la obligaban a ejercer la prostitución y que había enviado un mensaje por celular a un amigo, pidiendo ayuda para volver a su casa. El juez federal en lo Criminal y Correccional de Posadas, Misiones, Ramón Chávez, ordenó la investigación que derivó en el allanamiento.
Cuatro años después, el fiscal federal Maximiliano Hairdabedian elevó a juicio ante el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº2 de Córdoba a Oscar “Cacho” Desabato, dueño de la whiskería, y a la ciudadana paraguaya Alicia Concepción Vargas Leulián, ambos imputados como coautores del delito de trata de personas.
Pero, más allá de la trascendencia de la causa que se juzga en estos días, con final para después de la Feria, el caso despierta sarpullidos en el Gobierno provincial porque el año pasado una investigación, publicada por la Revista El Sur de Río Cuarto, reveló la existencia de una denuncia radicada en la Fiscalía Federal de Bell Ville donde se relacionaba a Desabato con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Passerini.
Además, la revista publicó declaraciones de un Testigo de Identidad Reservada (TIR) que dio lujo de detalles sobre la connivencia de Passerini con el proxeneta, ligando también a Diego Passerini, hermano del funcionario delasotista, y su sucesor como intendente de Cruz Alta. El denunciante detalló cómo Desabato financiaba a la comuna cuando surgían problemas financieros para pagar sueldos y aguinaldos a los empleados municipales, a cambio de tranquilidad para explotar a las mujeres retenidas en el local de alterne.
Tras el allanamiento, Cacho estuvo prófugo durante algunos meses hasta que arregló su entrega por medio de un abogado. Preso durante dos años sin juicio en Villa María, actualmente espera la sentencia en su domicilio particular.
La misma Fiscalía sustanció en su momento la instrucción de la causa que actualmente sienta en el banquillo al proxeneta, pero no incluyó esta segunda denuncia, que quedó cajoneada hasta que la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, tomó conocimiento del caso.
Al cierre de esta edición (de la revista), Veintitres pudo saber que Hairdabedian mandó a pedir el expediente a Bell Ville para estudiar si corresponde sumar aquellas declaraciones que involucran a Passerini, con el objetivo de develar la complicidad del poder político con la red de trata.
El año pasado llamó la atención la demora en la Fiscalía de Bell Ville para abordar la conexión política del caso. “No puede ser que tenga la denuncia sin determinar si existe delito o no durante tanto tiempo. Más de un año es mucho. La Fiscalía tiene dos opciones: puede descartar la denuncia o instruir una causa. Lo que no puede hacer es tener cajoneada tanto tiempo”, explicaron en los Tribunales Federales de Córdoba.
En Bell Ville, en cambio, apuntaron entonces a la supuesta influencia sobre la Fiscalía de Domingo Carbonetti, apoderado de Unión por Córdoba y mano derecha del gobernador De la Sota.
El Frente Cívico denunció a Passerini en los Tribunales provinciales pero, según informó el diario La Mañana, la fiscal Antonia De la Rúa solicitó su incompetencia y la denuncia se acumuló también en Bell Ville.
Ante la inacción judicial en la Fiscalía Federal de dicha ciudad, el senador Luis Juez se reunió este mes con Gils Carbó y le trasladó su inquietud. Inmediatamente la procuradora instruyó a la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE), a cargo del fiscal federal Marcelo Colombo, para que se involucre en el caso.
Acusación sobre Passerini
Según publicó El Sur, este Testigo de Identidad Reservada es un arrepentido que trabajó durante siete años en la Whiskería El Quincho, propiedad de Desabato. Casado posteriormente con una mujer que había trabajado en el lugar, se presentó en la Fiscalía tras realizarse el allanamiento. Allí declaró que tanto Daniel Passerini como su hermano Diego “siempre le dieron protección a Desabato. El no podría haber trabajado todos los años que trabajó y hacer la fortuna que hizo sin el apoyo político de los Passerini y de la Policía. Si algo me pasa a mí o alguien de mi familia, aunque sea un fenómeno de la naturaleza, los responsables son los hermanos Passerini. Sin ellos, ‘Cacho’ Desabato no hubiera tenido el poder que tuvo ni hubiera podido hacer las cosas que hizo”.
El denunciante afirmó que “cuando ‘Cacho’ se fuga, todo el mundo sabía que hablaba por teléfono con Daniel y Diego Passerini. Daniel vive en Córdoba. Y Diego, el ‘Lula’, es el exintendente. Yo me pregunto, ¿no cruzaron los teléfonos de Desabato con lo de los Passerini? Incluso mientras Cacho estaba fugado se fue a cenar una noche con ‘Lula’. Ellos compartían una peña en la calle Córdoba al 800, junto a las vías. En la casa de una mujer funciona esa peña. Antes fue la unidad básica del peronismo de acá”.
Pueblo chico
En su relato, también describió las relaciones financieras que envolvían al municipio y la whiskería: “Una vez, la mujer de ‘Cacho’ lo agarró a ‘Lula’ mientras estaba cenando en esa peña y le gritó que mientras su marido andaba escapando, ellos le debían 200 mil pesos. Y eso lo vio todo el mundo esa noche. ‘Cacho’ hizo fortunas. Imagínate una mina hacía siete, ocho pases por noche; a cien pesos el pase, eran cuatrocientos pesos por noche una chica. Tenía diez. La trata de personas es la tercera actividad después del tráfico de armas y la droga. Muchas veces Desabato les pagó los sueldos en la Municipalidad”. Daniel Passerini gobernó Cruz Alta entre 1999 y 2005 y su hermano Diego lo sucedió hasta 2011.
El testigo declaró que la presunta complicidad entre Oscar Desabato y las autoridades comunales de Cruz Alta se vivía en el día a día, que los análisis médicos de las chicas se hacían en una clínica privada en vez del Hospital de Cruz Alta. “Yo iba a las siete de la tarde con algunas chicas, no iban todas. Nunca fueron todas a los análisis y no se hicieron ni en tiempo ni en forma. Ponéle que teníamos diez libretas sanitarias y había más minas. Si hay 14 mujeres, tenés que tener 14 libretas”, dijo.
También señaló que “la Municipalidad aprobaba esos exámenes. Enrique ‘Chupino’ González, que fue director del Hospital de Cruz Alta, certificó todo siempre si íbamos de parte de 'Cacho' Desabato. Lo de los análisis era bárbaro. Te los hacía José Loiácono, 'el Pitín'. Te hacía exudado, sanguíneo y HIV en quince minutos. O te decía: ‘Esta puede trabajar, aquella no. Esta parámela dos días. A esa ponéle dos óvulos, uno hoy y otro mañana’. Los análisis, que yo sepa, se hacen de mañana, no a las siete de la tarde. Además, en ese año, 1999, te daba los resultados de HIV en quince minutos. Ni ahora se hacen tan rápido”.
Estos dichos del denunciante están confirmados en la causa que juzga ahora en Tribunales. La acusada Vargas Leulián declaró, según consta en la instrucción, que las mujeres retenidas en la whiskería se sometían a análisis periódicos en dos clínicas de Cruz Alta: la Clínica Médica Del Sol Privada SRL y la Clínica Integral Médica Cruz Alta Privada SRL.
Según estableció el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, en su publicación del 21 de noviembre de 2005, la Clínica Integral Médica Cruz Alta Privada se constituyó como sociedad el 18 de agosto de ese año y figura el médico Daniel Alejandro Passerini como uno de sus socios.
De esta forma, el proxeneta enviaba a las mujeres secuestradas a la clínica del actual ministro de Desarrollo Social. Por su parte, las jóvenes paraguayas declararon en la Justicia que Desabato no les permitía volver a su lugar de origen hasta que no le devolvieran los “gastos” de pasaje desde Paraguay a Cruz Alta, la comida que consumía en la whiskería y el importe de los análisis médicos que se les realizaban en la clínica. Hasta allí no llegó el desarrollo social cordobés.
