El día 4 de diciembre de 2006, en la pueblada de Corral de Bustos, manifesté: “¿Qué pasó con el abuso deshonesto del 2 de noviembre? ¿Qué pasó con el secuestro de los menores el día 31 de octubre? La destitución del juez ya fue pedida la semana pasada y este miércoles (días después) se va a tratar en el jurado de enjuiciamiento por supuesto secuestro de menores y abuso de autoridad; ya está todo pedido y una asamblea en la plaza para que el pueblo decida”.
Como consecuencia de estas manifestaciones, el 12 de setiembre de 2011, fui condenado por la Cámara del Crimen de Bell Ville. La condena fue a siete años de prisión, por el delito de instigación al incendio.
Dichas manifestaciones han sido filmadas, con audio incluso, y de ese registro surge claramente que las mismas no contienen arenga a acto delictivo alguno ni incitan a quemar, romper ni nada que se le parezca.
Este año, al entrar en vigencia el Decreto 525/2013 en relación a la libertad de expresión, dictado por el Poder Ejecutivo provincial y aprobado por la Unicameral, el 5 de junio solicité la aplicación de ese decreto provincial pidiendo que se ordene mi inmediata libertad, atento a que llevo más de dos años en prisión por la expresión de las manifestaciones mencionadas.
El 26 de junio, mediante auto interlocutorio Nº 51 en expediente Nº 1354573, la Cámara del Crimen de Bell Ville rechazó mi petición, colocando a la ciudadanía de la provincia de Córdoba en una grave inseguridad jurídica, porque si ejercemos la libertad de expresión, para el Poder Ejecutivo y la Legislatura unicameral es un derecho amparado por la ley; pero para el Poder Judicial de la provincia, es un delito que se condena con la grave pena de siete años de prisión.
¿A quién le creemos, al Poder Ejecutivo y la Legislatura unicameral o al Poder Judicial?
Desde octubre próximo pasado estoy tramitando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, un pedido de libertad por violación a la libertad de expresión por parte de la Provincia de Córdoba y la Nación Argentina (expediente Nº p-1579-11).
Víctor Barbero
Abogado y preso político, alojado en la cárcel de Villa María