El caso de los empresarios villamarienses que no pueden cobrar los materiales ni las horas puestas a disposición de Angel Luis Franceschina para la construcción del Centro Cultural Comunitario sumó ayer un nuevo capítulo a través de un parte de prensa de la Municipalidad, que reitera que no le debe nada al contratista y que, en realidad, quien registra atrasos en los pagos es el Gobierno nacional.
El que sigue es el texto completo del comunicado que la administración local despachó a los medios de comunicación: “La Municipalidad de Villa María informa en relación a los dichos del señor Angel Luis Franceschina en EL DIARIO del centro del país, en su edición de hoy, página 6, que el Estado local no registra deuda alguna por las obras ejecutadas a través de la empresa de nombre homónimo”.
El texto oficial señala que “en ese sentido, es importante destacar en relación al Centro Cultural Comunitario ‘Leonardo Favio’ y la pista pública de Skate Park, ambas construidas en el predio central ferrourbanístico, que fueron abonadas en su totalidad”.
“En tanto y relacionado al programa habitacional nacional ‘Mejor Vivir’, es de destacar que el pliego licitatorio en su artículo 19 indica que la forma de pago de los certificados se efectivizarán una vez aprobados por la Subsecretaría de Viviendas de la Nación y transferidos los respectivos importes al Instituto Municipal de Inversiones (IMI)”, expresa la nota.
Y agrega más adelante que “por tal motivo el municipio, a través del IMI, opera como unidad ejecutora y la mencionada área nacional como responsable de realizar el depósito de los recursos, como así también de canalizar la solicitud por readecuación de precios que el citado empresario requiere, aspecto que también lo fija el pliego de licitación correspondiente en su artículo 20”.
A disposición de la Justicia
En otro apartado, se hace saber que “el Gobierno local se puso a disposición de la Justicia, como lo está siempre, a través de una nota presentada por medio de la Asesoría Letrada”.
“Asimismo, se informa que tanto desde el IMI como desde el propio Departamento Ejecutivo se gestiona permanentemente el envío de flujos de fondos nacionales para avanzar en el referido programa, como de otros que están en marcha de acuerdo al compromiso asumido con los vecinos”, concluye.
El comunicado de la Municipalidad no hace más que ratificar las declaraciones realizadas a EL DIARIO por el jefe de Gabinete, José Carignano, que aparecieron publicadas en nuestra edición del miércoles último y que motivaron la estruendosa respuesta de Franceschina.
El contratista sostuvo un día más tarde, también en nuestras páginas, que al contrato para realizar las obras de mejoramiento de 383 viviendas en el marco del Programa “Mejor Vivir” lo firmó con el mencionado Instituto Municipal de Inversiones y más precisamente en la época en que era presidido por Carignano.
La denuncia original
De cualquier manera, la denuncia que abrió el caso a la sociedad fue formulada por el empresario local Miguel Angel Escurra, como portavoz de un grupo de cinco colegas y un profesional de la arquitectura que se sienten damnificados por el accionar de Franceschina, quien después de usar sus materiales y sus servicios se despachó con “una lluvia de cheques sin fondo”.
Esa situación fue absolutamente corroborada con las fotocopias de esos valores devueltos por las entidades bancarias, así como por un pormenorizado informe emitido por la Central de Deudores del Sistema Financiero, pruebas incluidas en nuestra edición del mismo miércoles 31 de julio.
Por otra parte, este medio fue contactado en las últimas horas por un corralón de materiales y una empresa dedicada a los cortinados y a la decoración, que se suman a las dos firmas que venden y colocan materiales de construcción en seco, una de materiales eléctricos, un vivero-parquización, una constructora y un arquitecto, que nada más pretenden cobrar lo que pusieron en el Centro Cultural.
S. V.