En 2012, la Asociación Verdad Real y Justicia para Todos en conjunto con familiares de víctimas de violencia de género y la Corriente Clasista Combativa comenzó a recolectar firmas para pedirle al Concejo Deliberante de Villa María que declare la emergencia en violencia de género. A fines de ese año se habían reunido casi mil firmas. Y se continuó con la recolección de adhesiones en este año.
No obstante, no hubo respuestas formales desde el órgano parlamentario.
El presidente del bloque de ediles del partido gobernante (el justicialismo), Rafael Sachetto, consideró ayer que escapa a la competencia del cuerpo.
Dijo que “comparte la lucha” de Verdad y Justicia y añadió que “se ha visibilizado muchísimo la problemática” pero aseguró que “la competencia municipal tiene un límite”.
“Podemos hacer una declaración y tendrá su validez, pero eso no alcanza. No es que no queramos. Todos compartimos y exigimos a la Justicia que actúe”, declaró al dialogar con EL DIARIO.
El legislador local contó que le explicó su postura a la presidenta de la entidad, Mary Amaya. “El tema de la violencia es una situación que debe resolver la Justicia ordinaria”, dijo y añadió que debería declararse desde el Poder Legislativo provincial, al considerar que es una situación que excede a la local ya que hay casos en todas las regiones.
“Sería provechoso focalizar los esfuerzos con un pedido ante la provincia”, sostuvo y agregó que las dependencias que trabajan en la temática son provinciales.
Por su lado, la concejala de la Unión Cívica Radical, Nora Landart, se distanció de los dichos de su par oficialista.
En su charla con este diario, aseveró que “ninguna problemática que atraviese la vida de ciudadanos de Villa María excede la responsabilidad del Estado municipal”.
“Es cierto que conformar los equipos de constatación se encuadra en el marco de jurisdicción provincial”, admitió, pero advirtió que “la cantidad de denuncias de violencia registradas amerita una intervención del Estado municipal, de hecho la creación del Centro de Asistencia es anterior a esta gestión y el asunto no había alcanzado la visibilidad que tiene hoy”.
En este aspecto, la entrevistada subrayó que en esa dependencia existían “equipos profesionales debidamente conformados para la atención” pero que ahora “han sido reducidos a una mínima expresión”.
“A esto no lo desconocen mis compañeros ediles”, aclaró.
“Estamos hablando de una problemática que se denuncia en el Juzgado, no informalmente y la jueza competente (Cecilia Fernández) públicamente ha solicitado en reiteradas oportunidades que colaboren con ella, hasta tanto se arbitren los medios desde la provincia”, enfatizó.
Landart dijo que no la sorprenden las respuestas del Ejecutivo y de la bancada del oficialismo. Recordó que junto a su par de bloque, Carlos Gagliano, giraron un pedido de informes al Consejo Municipal de la Salud para conocer características y detalles del Centro de Asistencia a la Víctima del Delito pero que nunca tuvieron respuestas.
“Para este Gobierno municipal la problemática de la violencia, de las adicciones, la de niños y adolescentes, tampoco es una prioridad, porque frente a atropellos que muchas veces realizan organismos públicos resulta indiferente”, denunció. Y dijo que esto es así “porque a diferencia de la obra pública, abordar estas cuestiones no se ven”.
Finalmente se amparó en los artículos 35, 39 y 52 de la Carta Orgánica Municipal para reparar en que la comuna debe atender las cuestiones de salud de sus habitantes, como estas.
En 2012, ingresaron al Juzgado a cargo de Cecilia Fernández 2.440 casos y hasta el 21 de mayo de 2013, 996.
