A través de una misiva remitida a nuestra Redacción, el concejal Rafael Sachetto respondió a los dichos de la jueza (exconcejala de la UCR), Cecilia Fernández, vertidos en nuestra edición de ayer.

A continuación, se reproduce de manera textual el escrito producido por el edil.

“Confundir el hecho de no tener ‘competencia’ para declarar y dictar una emergencia, con ‘lavarse las manos’ o ‘hacer nada’ en relación a la violencia de género o familiar, es cuanto menos una deshonestidad intelectual que queda claramente expuesta en las declaraciones.

Sería poco creíble que la jueza desconociera lo siguiente de la Ley Provincial 9.283 (Ley de Violencia Familiar):

Artículo 8º: la autoridad de aplicación, por razones de seguridad personal de la víctima y hasta tanto se concrete la intervención judicial, podrá disponer la aplicación de la medida prevista en el artículo 21, inciso c) de la presente ley.

Artículo 9º: los tribunales de familia, los jueces de menores y los juzgados de Primera Instancia con competencia múltiple, entenderán también en cuestiones de violencia familiar, personales o patrimoniales que se deriven de ella.

Artículo 10º: los juzgados en materia de familia y las fiscalías serán competentes para atender situaciones de urgencia referidas a violencia familiar. A tal efecto, el Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público determinarán, en su caso, el régimen de turnos para atender, en horas y días hábiles e inhábiles, los asuntos que requieran su intervención conforme a esta ley.

Para comprender mejor esto  y no debiera ser necesario explicárselo a la señora jueza, estando la violencia de género y/o violencia familiar netamente vinculadas al Poder Judicial, ya que es éste, por medio de las fiscalías en el caso de investigación y/o los jueces en el caso de la resolución de estos conflictos, donde sabemos que en cuestiones judiciales son competentes la provincia por medio de los tribunales ordinarios,  entendemos por lógica consecuencia que el municipio no tiene competencia para dictar la emergencia ya que carece de herramientas y vacío de contenido para afrontar la misma sin vulnerar la competencia de lo expuesto anteriormente y del poder de Policía que están a cargo de los organismos provinciales pertinentes establecidos en la ley mencionada y que por tanto competen al Estado provincial.

Siguiendo con la Ley 9.283, que obliga a la señora jueza a actuar y disponer los recursos del Estado provincial y no del municipal, y ya que dispara tan livianamente sobre las responsabilidades del municipio, es importante que todas las vecinas y los vecinos de la ciudad y de aquellos hasta donde llega su competencia, sepan a lo que ella está obligada por ley provincial, de la cual es administradora en su jurisdicción.  

Lo que la magistrada puede hacer con su autoridad queda claramente expresado en el Art. 21°. 

Creo firmemente que la preocupación de la jueza está más enfocada en ocultar su omisión e inacción descargando responsabilidades en otros, que tratar con seriedad el problema.

Sólo para que la jueza tenga una idea de lo que el municipio hace de acuerdo a la competencia que su propia Carta Orgánica le da y la Constitución Provincial le permite, comentamos algunas de las acciones que en este sentido parece desconocer. 

En Atención Primaria de la Salud (es lo que le toca a los municipios), se realiza el taller “Vivir bien” que aborda problemáticas de violencia y casos de libertad asistida; taller denominado “Hablemos de lo cotidiano”, donde se trabaja en prevención inespecífica sobre la problemática de la violencia social; taller sobre alcoholismo denominado “Salud es bien-estar”, donde se trabaja en el consumo responsable y la deshabituación de esta adicción. Coordinado con otras áreas del municipio: el taller “Familias: fundamento del lazo social”, donde se intenta encontrar referentes positivos en el círculo familiar o social de niños víctimas de diversos modos de violencia. En la “Casa de medio camino” que ya ha cumplido sus dos años de vida en la ciudad, se aborda de modo individual a cada persona que consulta y el único espacio que comparten es el de los formatos tipo taller: cocina, psicoeducativos, familiares, de huerta orgánica, de educación física y en el transcurso del mes de agosto se lanzan talleres de música, oficio y literatura.  

Se trabaja con el formato Hogar de Día, pero la contención, escucha y trabajo de inserción social es permanente entre el equipo, la familia y los involucrados. Todo esto acompañado por el Programa de “Médicos Comunitarios” que hacen una gran tarea de prevención y acompañamiento familiar en cada uno de los centros de salud ubicados en los barrios de la ciudad.

En materia de  Acción Social existen en la ciudad dos grandes redes de prevención de violencia, que se reúnen sistemáticamente de manera mensual para detectar y derivar las situaciones en los sectores barriales, que las integran diferentes organizaciones barriales, escuelas, ONG y el propio equipo del municipio.

En el prestigioso Centro de Asistencia a la Víctima de nuestra ciudad, se han incorporado profesionales para la atención de la demanda existente, trabajo que se realiza de manera constante y silenciosa, para garantizar la intimidad y protección de quienes allí encuentran la contención que necesitan.

Lamentamos tener que explicar estas cosas a la señora jueza, pero cuando advertimos que intenta confundir a la ciudadanía, advertimos también que puede confundir a las posibles víctimas, imposibilitándoles que la acción de la Justicia provincial que ella administra llegue efectivamente. 

Esperemos pueda reflexionar y decidir si su deseo es ser elegida por el pueblo para algún cargo público y que, entonces, pueda dejar su lugar a alguna otra persona que de verdad le interese resolver de manera eficiente los problemas de las víctimas de violencia y de los niños en riesgo, para que en los esfuerzos que como comunidad realizamos para garantizar derechos a todos nuestros vecinos, la Justicia no sea la única que quede afuera”.