En octubre del año pasado, los tribunos de Cuentas, José Naselli y Gustavo Maristany advirtieron a través de una resolución que los contratos que se establecían desde el Instituto Municipal de Inversiones (IMI), en el marco de la concreción de distintas obras públicas, poseían preocupantes irregularidades de forma.
A lo lejos, los vocales referentes de la oposición en el órgano de control vaticinaban problemáticas similares a las protagonizadas por la empresa constructora FyG (uno de sus propietarios es Ángel Franceschina), que iban a generar riesgosos escenarios para el erario público y el respeto por lo dispuesto en la Carta Orgánica Municipal.
Hoy, mientras los proveedores de las obras construidas por la firma, que se localizaba en Monte Buey, reclaman por falta de pago a Franceschina y éste a su vez efectúa la misma demanda al Estado municipal, lo especulado por los funcionarios lamentablemente se cumplió.
Haciéndose eco de lo publicado en EL DIARIO, Naselli y Maristany rescatan en una nota remitida al intendente Eduardo Accastello, lo manifestado por el empresario de la construcción: “..me fueron dando obras de revitalización de espacios públicos...”. A dichas obras “...me las daban para reparar o colaborar con la falta de pago de la obra de refacción de viviendas, del Programa Mejor Vivir...”. Desliza que, a cambio, algunas personas exigían “condiciones” aunque “...a esas condiciones y a los nombres de esas personas los voy a llevar a la Justicia”.
“Este confuso marco explicativo ocurre luego de que un empresario local afirmara que Franceschina había gozado de la confianza de comerciantes y profesionales de Villa María”, dicen los tribunos, antes de citar la palabra de los empresarios locales. “...¿Qué desconfianza íbamos a tener, si compraba a nombre de la Municipalidad y descargábamos en Sabattini y San Juan?...”.
“Las enfáticas desmentidas oficiales nos impulsan a recordar que estos tribunos, en sendas Resoluciones (Nº 221 del 25-10-12 y Nº 14 del 16-1-13) señalábamos que el IMI utiliza, para sus contrataciones, una normativa interna diseñada para burlar y eludir los controles institucionales”, enfatizaron.
Un sistema opaco e ilegal
“En las resoluciones poníamos de manifiesto la falta de transparencia del sistema contractual pergeñado por el Directorio del IMI (presidido entonces por José Carignano), y que definíamos como un ultraje a la legalidad”, subrayaron.
Vale destacar que, según se ha definido de manera interna en el IMI, queda a criterio del Directorio decidir el procedimiento de cada contratación, e incluso lo faculta a delegar en “dependientes” contrataciones de “bajo monto o habituales”, o bien delegar “…en el Presidente determinados procesos de selección, cuando situaciones de orden estratégico así lo determinen”.
“Esta normativa, absolutamente perversa, sepulta los principios republicanos que nuestra Carta Orgánica dispone para el gobierno de la Ciudad”, señalaron los vocales que, por su lado, intentaron en vano que la nueva titular de la institución, Roxana Suescum, sustituyera la normativa por “fórmulas más cristalinas”.
“La ley, con su sabiduría, marca el camino. De adecuarnos a la misma, se evitarían este tipo de situaciones. Si se ha desnaturalizado el sistema general de contrataciones, lo decidirá, en todo caso, la Justicia. Sin embargo, con todo respeto, instamos nuevamente a enmendar paradigmas equívocos, ya que de normas corruptas jamás se derivarán conductas transparentes”, concluyeron Naselli y Maristany.
