Patricia Arraigada, la directora de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, dijo ayer que el principal obstáculo que debe vencer la sociedad para incluir a personas con discapacidad y apuntar a una mayor calidad de vida son los prejuicios. Otros funcionarios que la acompañaban concordaron.
En tanto, consideraron que hubo grandes avances en la eliminación de barreras físicas y readecuación de lugares públicos para posibilitar la igualdad en el acceso.
Casos "aislados"
EL DIARIO le comentó el caso de una joven que no pudo presenciar, en mayo pasado, el espectáculo de Andrés Calamaro en el Anfiteatro por estar en sillas de ruedas, hecho que tuvo gran repercusión pública.
Los funcionarios consideraron, al reflejársele el hecho -que no conocían- que se trató de un "claro acto de discriminación".
Patricia Arraigada advirtió que "a veces basta con la actitud de una sola persona" para que ocurran hechos como el citado. "Probablemente, cuando llega esta situación al dueño del espacio o al artista no hay problema, porque no es la intención de ellos que ocurra esto", indicó.
Señalaron que estos episodios son casos aislados; en el último año llegó a la comisión uno sólo de esta naturaleza y lo trabajaron con el INADI, con buenos frutos. "Lo bueno es que el resto de la gente se suele poner del lado de la persona con discapacidad", valoraron.
En cuanto a lo que sucede, por ejemplo, en un cine o en un teatro -y al contarle algún hecho suscitado en la ciudad-subrayaron que "para acompañar el avance del pensamiento hay que realizar obras". "En un anfiteatro basta con aflojar 4 tuercas y sacar dos o tres butacas y tener sillas plegables al alcance", aclaró Arraigada.
Ante preguntas, sostuvieron que los establecimientos se han ido adecuando a un trabajo en pos de la accesibilidad y contaron que el equipo de accesibilidad del organismo es "permanentemente consultado desde los más diversos lugares".
Legislación
En cuanto a leyes, Arraigada destacó que "al decir de Naciones Unidas, el Comité de Seguimiento de la Convención ha dicho que nuestro país tiene de las normativas más completas de Latinoamérica". No obstante, ante una pregunta admitió que "cuesta llevarla a la práctica" y consideró que "hay que revisarlas porque algunas son muy antiguas".
Contó el caso de una persona ciega egresada en Harvard, licenciada, que dicta clases en la Siglo 21, "es decir, saltó todas las barreras" y cuando se casó su mejor amigo casi no pudo ser testigo de la boda.
"En el Registro Civil de Córdoba una persona le dice que no podía serlo. Se amparó en el Código Civil, está escrito. Hay legislación que usa palabras viejísimas, como ciego, demente. Palabras que parecen insultos y ya no usamos. Me llamó por teléfono y me dijo que le estaba ocurriendo esto. Le contesté que invocara la Convención Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad, que es ley nacional y supralegal", describió. Y terminó siendo testigo. "Por eso digo que hay que revisar algunas normas", concluyó.
Las organizaciones no quieren entradas sin costo
No hay una ley que establezca la gratuidad del acceso de personas con discapacidades a espectáculos.
No obstante, "se hace de hecho. Cuando organiza un organismo gubernamental, se dá porque todos opinamos que sí, que deben entrar sin pagar. Cuando se trata de un privado, hay que gestionar", explicaron.
Contaron que no hay proyectos tendientes al acceso sin costo y que "las mismas organizaciones -que están en la temática- dicen que no les parece que tienen que tener entradas gratuitas".
Lidian Ledesma, jefa del área de Discapacidad del Ministerio de Salud de la provincia, expresó que "a simple vista pareciera que así debe ser, pero si uno lo analiza desde las capacidades todos tenemos derecho a trabajar y sentir que yo quiero pagar entrada".
Arraigada evaluó: "De lo contrario, asociamos discapacidad con pobreza".
Rosa Cámpora, del CIS local, aclaró que en Villa María hay una ordenanza municipal que establece el acceso gratis.