María Eugenia Aravena y Blanca Mendoza, dirigentes de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), seccional Córdoba, solicitaron por segunda vez la personería jurídica para el gremio en la provincia y, por segunda vez, obtuvieron un “no” como respuesta.
La encargada de fundamentar el rechazo, según publica el Boletín Oficial, es la villamariense Ana María Becerra, actualmente a cargo de la Inspección de Personas Jurídicas, organismo dependiente del Ministerio de Justicia de la provincia.
El pedido se fundó en el derecho de las trabajadoras sexuales de asociarse y trabajar por el bien común, dado que en AMMAR no sólo colaboran en la prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), sino que además tienen escuela primaria y talleres de formación laboral para las afiliadas que deseen dejar la prostitución.
Para Becerra, esas funciones las cumple el Estado “que mediante el dictado de leyes y su aplicación, se encarga mediante organismos específicos de luchar contra la trata de personas o normativas de salud tendientes a la prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual”.
Agrega que pueden asociarse sin personería jurídica como una asociación formada simplemente por la voluntad de las personas, con lo que no vulnera el derecho consagrado en la Constitución.
Finalmente, asegura que no las discrimina por su actividad dado que “la denegatoria no reposa en el carácter de trabajadoras sexuales o que éste sea un objeto ilícito, sino en que los fines propuestos en el estatuto, a criterio de este organismo de contralor no trasciende el bien común”
AMMAR volverá a insistir ante el Ministerio para obtener la personería dos veces negada.