“La ‘Ley contra la Trata’ de personas que se promulgó en el año 2013, como muchas otras leyes de la Argentina que alcanzarían para alfombrar el país, ha quedado a la espera en el purgatorio. No está lo suficientemente guardada en un cajón como para ir al infierno ni se está trabajando en ella como para llevarla camino al cielo.
Es real que esta ley ha mejorado algunas cuestiones en lo penal y en lo que concierne al consentimiento de las víctimas adultas, entre otros. Pero no debemos exagerar, ya que es una ley muy lejana a lo que debería ser.
Lo que sería realmente importante y contundente de una ley de trata es lograr implementar un ‘plan nacional integral de asistencia y reparación para las víctimas’. La ley de trata vigente no se encuentra reglamentada y tampoco cuenta con un presupuesto, es decir, que el Estado argentino no asiste ni repara los derechos de aquellas personas que han recibido, contra su voluntad, todo tipo de violaciones. A estas personas les han violado su dignidad, su libertad, su sexualidad, sus sueños, su familia, toda su vida.
En la provincia de Córdoba, las víctimas tienen una oportunidad por la Ley 10.060, la cual viene a suplir a un Estado nacional ausente. Pero las provincias restantes de nuestro país no tienen leyes provinciales que logren equilibrar un poco las cargas y las víctimas no tienen muchas posibilidades de rehacer sus vidas.
Si deseamos combatir este problema debemos ir mucho más allá de la denuncia, que sólo llega a un allanamiento en donde las víctimas huyen desnudas y despavoridas ante un Estado nacional ausente. Sin un verdadero programa de asistencia que cambie realmente sus vidas, lo que hace la denuncia y el allanamiento policial es demorar a las víctimas unos días en su lugar de alojamiento hasta que declaren y luego de esto las colocan en un colectivo de línea con destino a la localidad de origen de cada una. Si no hay una protección de las víctimas, se ha comprobado que aquellos mismos que un día las secuestraron están esperándolas en un lugar de trasbordo para volver a reclutarlas para la prostitución, es decir, que nunca llegaron a sus casas.
De llegar a sus lugares de origen, están en condiciones de mucha incertidumbre y desprotección, ya que seguramente puede que tengan algún hijo de rehén o sus familias estén amenazadas y con el temor de no saber en dónde hay alguien que pertenezca a esa red mafiosa que un día las secuestró. ¿Quién les garantiza a estas víctimas la protección de su derecho a rehacer su vida con sus hijos y poder establecerse en un lugar tranquilo para tener una vida como ciudadanos comunes?
El Estado nacional no está cumpliendo con esa tarea y las organizaciones sociales hacemos lo que mejor podemos, de acuerdo a los escasos recursos que poseemos. A veces notamos que con la mejor de las voluntades que ponemos, no alcanza.
Muy pocos pueden comprender por lo que pasa una víctima de trata: la tortura, el sufrimiento, la desesperación, la impotencia; y seguirán sufriendo, si no se encara el problema de raíz.
El tema de la trata de personas pareciera que se ha puesto de moda y algunos políticos en el orden nacional salen a decir lo importante que fue promulgar en enero de 2013 una nueva ley de trata. Pero, como dije al comienzo, esta ley de trata está en el purgatorio y muy lejos del cielo, esperando que se la reglamente y se le asigne un presupuesto digno, real, federal y equitativo para todo el país.
El señor Carlos De Falco es el secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad. Para estar en un cargo de semejante envergadura, es seguro que sabe que la responsabilidad es muy grande, ya que el bienestar o el sufrimiento de ciertas personas dependen de su trabajo y su compromiso. Y es por ese compromiso con lo social, y que seguramente lo tiene, es que le pido que gestione con carácter de urgencia y ante la autoridad nacional competente la reglamentación de la ‘Ley Nacional contra la Trata de Personas’”.
Alejandro López
ONG Vínculos en Red
Pastor evangélico
