El abogado del diablo (en advocatus diaboli) o "promotor de la fe" (en latín promotor fidei) es el apelativo popular con el que se alude al procurador fiscal en los antiguos juicios o procesos de canonización de la Iglesia Católica. Su denominación desde las reformas de 1983 es promotor de la justicia (promotor iustitiae).

El oficio de este abogado, generalmente clérigo doctorado en derecho canónico, era objetar, exigir pruebas y descubrir errores en toda la documentación aportada para demostrar los méritos del presunto candidato a los altares como beato o santo. Si bien su papel le hacía aparecer figuradamente alineado entre las filas de los que se oponen al candidato (de donde procede el mote de "abogado del diablo", para este «defensor del otro bando»), en realidad se encargaba de defender la autenticidad de las virtudes del que será propuesto como modelo a imitar por el pueblo católico.

El oficio fue establecido en 1587 y abolido por el Papa Juan Pablo II en 1983. Este cambio le permitió realizar casi 500 canonizaciones y más de 1.300 beatificaciones, frente a las 98 canonizaciones de sus predecesores en el siglo XX.

El término ‘abogado del diablo’ se aplica por extensión a personas que defienden una posición en la que no necesariamente creen, o a quienes presentan a otro debatiente un argumento contra una posición en la que sí creen. Este proceso permite comprobar la calidad del argumento original e identificar las debilidades de su defensa.