En julio de 2009, Cynthia Goroso y su marido Luis Rivera (ambos dedicados a trabajar en la construcción), comenzarían a vivir una poco grata experiencia que hasta el día de hoy sigue generando cuestiones dignas de analizar.

En aquella época, la pareja de trabajadores había adquirido un viejo Rastrojero para transportar material de trabajo. En un control de tránsito, la falta de patente y un paragolpes obligó a los agentes comunales a proceder a secuestrar el vehículo y trasladarlo al depósito de ATGE en barrio Industrial.

Hasta ahí, la historia no parece diferenciarse de cientos de otras que acontecen todos los días en territorio villamariense. Incluso nuestro matutino publicó una nota respecto de la situación sufrida por la infortunada pareja (http://www.eldiariocba.com.ar/noticias/nota.asp?nid=13513).

Lo triste para Goroso y Rivera fue que, después de cumplir en detalle con todas las exigencias que impone la normativa para retirar el utilitario (pagaron multa y estadía y actualizaron el pago de patente), se encontraron con que alguien se había ocupado de robarles distintas partes del rodado.

Así es, en el preciso lugar donde el Rastrojero debía estar a resguardo, manos anónimas saquearon a la unidad para, entre otros elementos, quitarle la batería.

El albañil y su esposa denunciaron en el acto lo sucedido y reclamaron lo que les correspondía, pero nadie escuchó.

Sin dejarse vencer por la burocracia y la desidia oficial (un año después del incidente), Cynthia y Luis contrataron a un abogado y con su asesoría primero redactaron una nota, luego remitieron una carta documento y ante la falta de contestación presentaron un recurso de amparo.

Milagrosamente y a tan sólo 15 minutos de reloj de la presentación de la acción, referentes de la comuna notifican a los vecinos que a través de un decreto (que lleva el número 801) rechazan sus pretensiones de resarcimiento reclamadas.

Por acción directa del decreto, el recurso de amparo presentado por la demora en la respuesta administrativa queda sin efecto y a la pareja de reclamantes les queda como opción iniciarle juicio a la comuna.

 

Búmeran

 

A pesar de que en apariencia el aparato legal oficial sorteó el escollo, un detalle quedó en el camino y fue de allí de donde la Cámara de Apelaciones con competencia en lo contencioso-administrativo de esta ciudad, sustanció el fallo en contra del municipio.

Es que, a ciencia cierta, el decreto fue promulgado un mes antes de la presentación en Tribunales de Goroso y Rivera. Es decir, nadie se tomó el trabajo de avisarles a los autores del reclamo que sus exigencias habían sido desestimadas.

Como fundamento de la decisión, se expresa que “…La comunicación tardía de la Municipalidad no reconoce excusa alguna…”; “…Si la Municipalidad, al pronunciarse, hubiera adoptado diligentemente las medidas tendientes a poner en conocimiento del administrado lo decidido en Decreto Nº 801, éste último no se habría visto obligado a deducir la presente acción de amparo por mora casi un mes después”.

En consecuencia, las actuaciones del amparo generaron honorarios. Los jueces en 2010 indicaron que al letrado de los amparistas se le debían abonar 4.653,20 pesos.

A dos años del fallo y ante el incumplimiento por parte de la comuna de abonar dichos honorarios en tiempo oportuno, hoy la comuna debe afrontar una erogación casi cinco veces superior a la originaria, o sea 19.603 pesos.

La orden de pago, que fue aprobada por los tribunos de cuentas, no pasó desapercibida y motivó las apreciaciones de los referentes de la oposición en el Tribunal.

José Naselli y Gustavo Maristany estimaron que lo sucedido coincide (al menos en formato) con el traspié judicial del municipio por morosidad administrativa, en el caso relacionado con el Frigorífico Sudeste de Bell Ville.

El no estudiar los argumentos de los peticionantes y menos revisar los antecedentes de los casos, “son conductas que acarrean consecuencias negativas sobre los dineros del Fisco municipal”, concluyeron los vocales.

“La única verdad es la realidad”, reza la frase de Aristóteles (que le encantaba repetir al General Perón) y en este caso las certezas son crueles ya hasta donde sabemos. Cynthia y Luis se quedaron con el sabor amargo de haber sido violentados y el Estado demostró su falta de reflejos para resolver seriamente una cuestión básica y fundamental, como es atender (en tiempo y forma) la demanda de justicia por parte de integrantes de la comunidad.