El fiscal que investiga la supuesta connivencia entre jefes policiales de Córdoba y narcotraficantes, Enrique Senestrari, reveló ayer que en el allanamiento a la Jefatura de Policía cordobesa se secuestraron bolsas de droga sin declarar y armas limadas.
En el marco de esta investigación están detenidos desde la noche del miércoles el licenciado jefe de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de Córdoba, Rafael Sosa, y otros cuatro efectivos.
“Tengo pruebas”
Según el fiscal, esta droga encontrada sin declarar en poder de los policías investigados podría ser usada eventualmente para ser "plantada" en algún procedimiento e involucrar de esta manera a personas inocentes.
"Tengo un caso con pruebas donde se encontraron estupefacientes en la Jefatura de la Policía. La droga estaba en condiciones absolutamente ilegales. Esto demuestra que puede ser cierto que podría ser utilizada para ‘cargar´ a personas a las que quieran incriminar’", dijo Senestrari en declaraciones radiales.
Los detenidos son el exjefe de la Dirección de Drogas Peligrosas, comisario mayor Rafael Sosa; el comisario Alfredo Saine; el oficial inspector Franco Argüello; el sargento Fabián César Peralta Dáttoli y el suboficial Mario Osorio.
La Justicia analizó la prueba secuestrada tanto en la Jefatura de Policía de Córdoba como en los domicilios particulares de los uniformados detenidos.
Por otro lado, el fiscal Senestrari se defendió de las acusaciones lanzadas por algunos sectores del Gobierno provincial respecto de que la investigación tendría un móvil político.
Hecho público
La presunta vinculación de policías cordobeses con el negocio del narcotráfico se conoció la semana pasada por intermedio del testimonio del “colaborador encubierto´ policial, Juan Francisco ‘El francés´ Viarnes’, ofrecido al programa ADN de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba y que motivó al fiscal Senestrari acelerar los pasos de la investigación que ya estaba en marcha desde tiempo atrás.
Viarnes, en calidad de “arrepentido”, dio su testimonio ante las cámaras de televisión y manifestó que jefes policiales de la lucha contra la droga tenían vínculos con narcotraficantes, quienes pasarían información a cambio de ser retribuidos con parte de los estupefacientes secuestrados en operativos antidrogas.
Los efectivos policiales fueron licenciados a partir de la denuncia que tomó estado público, en tanto otros de los mencionados, el oficial principal Juan Alós, de 34 años, fue encontrado muerto con un balazo en la cabeza en el interior de su vehículo en las cercanías de Bosque Alegre, en la zona de Alta Gracia, un hecho que para el fiscal Emilio Drazile se trató de un suicidio.
El caso en la órbita política: De la Sota no habló y la oposición pidió renuncias
Durante la mañana de ayer el gobernador José Manuel de la Sota convocó a los medios en el Centro Cívico para informar sobre las distintas medidas de asistencia a los damnificados por los incendios, pero evitó referirse a la detención del jefe de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, Rafael Sosa, y otros cuatro efectivos.
Al ser consultado sobre la posibilidad de pedir la renuncia al ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y del jefe de Policía, Ramón Frías, tal como lo plantearon desde distintos sectores, el único que habló fue el jefe de Gabinete del Gobierno de Córdoba, Oscar González, quien manifestó que “nunca hemos dicho nada que ponga en tela de juicio la continuidad de las autoridades”, y que “rige el principio de inocencia hasta que la Justicia dictamine en contrario”.
Asimismo, con respecto al pronunciamiento del bloque de legisladores delasotistas de Unión por Córdoba (UPC), que por intermedio de su titular, Sergio Busso, atribuyó a una maniobra del Gobierno nacional la denuncia contra los policías, el funcionario dijo que se trata de “una posición política de los legisladores”.
Reclamos
En tanto, la agrupación política y social de Unidos y Organizados, el bloque de legisladores provinciales del radicalismo y desde el Frente Progresista y Social coincidieron en reclamar la “urgente” renuncia del ministro Paredes y del jefe de Policía.
“La Justicia Federal debe actuar con absoluta independencia sin las interferencias groseramente expuestas por policías de alto rango y dirigentes oficialistas”, sostuvieron desde el sector kirchnerista.
Asimismo consideran que “no se puede tolerar -a pesar de la justificación de las mismas por parte del gobernador- el tenor de las declaraciones vertidas por el jefe de Policía, en oportunidad del velatorio del policía miembro de Drogas Peligrosas Juan Alós, encontrado sin vida en su auto el pasado sábado y cuyas circunstancias de la muerte aún resta esclarecer”.
Así también, el bloque de legisladores provinciales del radicalismo también pidió las renuncias de los funcionarios y exigió a De la Sota que “respete el accionar de la Justicia”.
También el senador nacional del Frente Progresista y Social de la Córdoba, Luis Juez, pidió a De la Sota por la renuncia de los dos funcionarios y que también “deje de encubrir a la policía”.
El legislador nacional también anticipó va a promover una “denuncia penal” en contra del mandatario provincial y de los funcionarios que tienen responsabilidad política sobre la Policía.
Respaldo
Por su parte, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal expresó ayer su apoyo al fiscal federal Enrique Senestrari, quien lleva adelante la investigación sobre presunta connivencia entre narcos y policías de Drogas Peligrosas de la provincia de Córdoba, y le reclamó al jefe de la Policía que se "limite" a cumplir su función y "colabore con la investigación".
La Asociación sostuvo que "entiende necesario recordar que las fuerzas policiales deben limitarse a cumplir su función y colaborar en el ejercicio de la que es propia de los fiscales" y añadió que los policías no pueden emitir opinión sobre la Fiscalía, debido a que deben subordinarse al Ministerio Público.
