La palabra “perpetua” resonó en la sala de audiencias, donde tenía lugar el juicio. Llantos y aplausos coronaron los dos años de ininterrumpida lucha de familiares, amigos y organizaciones para lograr que al femicida se le diera la pena máxima. Al primer femicida juzgado, no por la ley recientemente promulgada.
Este caso se convirtió así en un caso emblemático. En un antes y un después de la muerte de una joven mujer, madre de dos niños, víctima de la violencia de género llevada a su máxima expresión.
Hoy contamos con la Ley 26.791 (donde se incorpora al Código Penal la figura del femicidio) y si bien es un paso adelante en la defensa de nuestros derechos, de ninguna manera podemos decir que tenemos solucionado el problema de la violencia de género.
Es muy difícil poder cambiar la mentalidad patriarcal que convive aún con nosotros. Lleva demasiados años de arraigo para poder terminar con ella de manera justa y equitativa para que los hombres acepten que no somos una “cosa”, algo manejable a su antojo y que les asiste como derecho adquirido considerarnos de esa manera.
Cuando podamos asumir que la violencia de género no es un hecho privado ni de puertas adentro, sino público y político, algo en lo que la sociedad debe comprometerse e inmiscuirse. Que es un problema grave que realmente les compete a los gobernantes, ya que son los encargados de velar por el bienestar y la justicia, pues es desde el Estado en todos sus niveles que se deben dictar políticas necesarias para prevenir y evitar los femicidios
Lo primero y más importante a realizar es la prevención, brindando la seguridad, la contención y el apoyo que necesita quien se atreve a denunciar esa violencia. Pero para ello es necesario quitarse las anteojeras, mirar hacia todos los costados y darse cuenta de lo que es necesario hacer y tomar la decisión política que responda a esa urgencia. Es decir, “ponerse los pantalones largos y hacerles honor”.
Asistimos, con poco tiempo de diferencia, semanas atrás a dos juicios que se le siguieron a dos femicidas, aunque la ley no lo considere así, por ser éstos previos a su promulgación. Estos dos casos fueron -con sus diferencias- los crímenes que consiguieron más movilización social.
El primero, tristemente digno de una película de terror, el de Claudia Rodríguez, y el más reciente el de Soledad Salguero, que consideramos que también por la forma en que fue perpetrado el asesinato, su femicida tendría que haber sido condenado a la pena máxima, aunque somos conscientes de que sin la lucha, no se hubiera conseguido una pena de 20 años.
En estos últimos tiempos si algo tienen de positivo estos terribles casos, es que se está tomando conciencia, muy de a poco, de que es necesario y urgente que quienes nos gobiernan -tanto en el ámbito municipal, provincial como nacional y los encargados de legislar o los de administrar justicia- trabajen en forma conjunta con políticas de prevención para reducir sensiblemente las estadísticas (en lo que va del año en la provincia de Córdoba hubo 16 femicidios).
La CCC, la Asociación Civil Verdad Real, Justicia para Todos, mujeres independientes y familiares de víctimas de femicidio seguiremos luchando para que se logre, mediante un compromiso político, la declaración de la emergencia por violencia de género. Cuando hablamos de emergencia, ¿qué significa? Medidas inmediatas ante cualquier manifestación de violencia, como apartar al violento de su hogar dentro de las 24 horas.
Emergencia significa atención a la víctima y familiares en forma y tiempo. Emergencia significa proveer instrumentos legales y auxilio psicológico. Emergencia significa presupuesto ya. Emergencia significa refugios para la mujer y sus hijos. Emergencia significa que los jueces cumplan e interpreten las leyes vigentes.
Que el Estado nacional, los gobiernos provinciales y los municipios tomen medidas urgentes.
CCC, Asociación Verdad Real Justicia para Todos, mujeres independientes y familiares de víctimas
