Los directivos del Colegio de Abogados de Villa María manifestaron su "preocupación" ante el conflicto y la posición que han adoptado las partes, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Asociación Gremial Empleados del Poder Judicial (AGEPJ).

El presidente del Colegio, Augusto Parola, y el secretario, Guillermo Lorenzatti, se refirieron de esta manera a las medidas llevadas a cabo por los empleados del Poder Judicial, ya que entienden que "las asambleas y el paro de actividades deben llevarse adelante con el decoro y el respeto exigidos a quienes ostentan el carácter y la responsabilidad de ser empleados públicos". También indicaron que algunas de estas declaraciones serán parte de una nota que hoy presentarán ante el TSJ y el gremio de judiciales.

"Instamos a que las partes adopten una actitud seria en vías de una solución", dijeron al referirse a la decisión del TSJ "de retirar su propuesta y no continuar negociando" y del gremio "con amenazas de nuevas asambleas o más paros, no hacen más que extender y profundizar un conflicto que parece no tener fin".

"Deben tener en cuenta que se está brindando un servicio esencial e insustituible", marcaron, para llamar a "actuar en consecuencia".

Además, consideraron que esta situación agrava otras: "No se brinda un adecuado servicio de Justicia. Una causa que ingresa hoy pasa de inmediato a ser atemporal. Cuando la Justicia es lenta, más que acceder a la Justicia se accede a la historia". "Hay que mejorar porque la sociedad no está viendo con buenos ojos a la Justicia", expresaron.

 

Reflexión

 

"Las partes deben reflexionar y encontrar una solución definitiva al conflicto que afecta al servicio de Justicia, ya que resulta imperativo que ambas partes comprendan la necesidad de pacificar a la sociedad y garantizar el acceso a la Justicia para todos los ciudadanos", subrayaron en su intento por instar a una salida.

En el mismo sentido, afirmaron su "convencimiento que es una obligación de ambas partes del conflicto, encontrar la solución al mismo, ya que integran uno de los poderes del Estado, que debe brindar un servicio esencial e insustituible", reiteraron. "No está de más recordar que para la adecuada prestación de ese servicio, el propio Estado, a través de la Constitución, le garantiza a los magistrados la inamovilidad funcional e intangibilidad de haberes, y a los empleados del Poder Judicial la estabilidad del empleo público, condiciones ambas que los obligan a solucionar el conflicto y evitar que el mismo perjudique al pueblo de la provincia, que es quien en definitiva sostiene todo el sistema con sus impuestos", aseguraron.

Además, puntualizaron que "los abogados del Foro local también nos vemos afectados por la falta de diálogo demostrada por el TSJ, sumado a la desproporcionada medida de fuerza en el reclamo de aumento de haberes para los empleados del Poder Judicial. Pretendemos humildemente hablar en nombre de nuestros clientes, los justiciables, no pudiendo ni queriendo esperar sólo explicaciones del porqué del conflicto o la baladí imputación recíproca de culpas, sin asumirse que el principal perjudicado, el pueblo en su conjunto, es el único que tiene derecho a exigir soluciones inmediatas".

Los representantes de los letrados apuestan "al diálogo franco y desapasionado" para lograr "superar esta situación", a partir de la reflexión. "Como operadores esenciales de la administración de Justicia nos parece inadecuado que la situación llegue al extremo en que se encuentra", concluyeron Parola y Lorenzatti.