Escribe: Dr. Eduardo Luis Rodríguez (*)
Para empezar a delinear esta opinión y que el lector pueda comprender lo que pretendo expresar, es preciso determinar que uno de los tres poderes fundamentales del Estado democrático es el Poder Judicial.
Este poder se compone de los distintos empleados y escalafones del Poder Judicial, pero también forman parte del mismo los abogados, las fuerzas de seguridad y otros auxiliares que son necesarios para su funcionamiento. Es decir, en sentido amplio, funcionarios judiciales, abogados particulares y fuerzas de seguridad somos distintos engranajes de una misma maquinaria, que es aquella que se debe encargar de aplicar la ley, velando por los derechos y garantías de los ciudadanos de la provincia de Córdoba.
Como cualquier herramienta mecanizada, la falla de un engranaje perjudica en forma directa su funcionamiento.
Para quienes no transitan a diario los Tribunales de la provincia parecerá nuevo el reclamo de los empleados judiciales, que en estos días han estado realizando asambleas y se han mostrado más combativos en la vereda de cada sede judicial.
Pero para quienes estamos allí todos los días, hace bastante tiempo que vemos afiches y panfletos pegados en cuanta puerta o ventana cruzamos, como así también hemos padecido el “trabajo a código” como señal de protesta, circunstancias estas que son legítimas y desde lo personal apoyo fervientemente.
Creo que esta situación afecta a todos.
En forma directa a quienes están reclamado por un salario digno y justo. Esa medida de dignidad y justicia está dada por la gran diferencia salarial existente entre los cargos jerárquicos y el grueso de la masa de empleados del poder judicial, que constituyen el verdadero “motor” en esa maquinaria que todos llaman “la administración de justicia” y que ven pasar los aumentos de sus superiores mientras sus salarios permanecen inamovibles.
También en forma no tan directa, pero afectada al fin, se encuentra la actividad del abogado particular, que llega a un Juzgado o una Fiscalía y no se encuentra el personal, que las resoluciones se retrasan más de lo que normalmente ocurre y, por sobre todas las cosas, nos coloca en la ingrata tarea de “llevar trabajo” a nuestros pares, que están reclamando por sus haberes. Porque en definitiva somos los distintos engranajes de un mismo motor, somos compañeros de trabajo, aun cuando no estemos en la misma función.
Por último, este justificado malestar de los trabajadores judiciales afecta en forma indirecta a todos los ciudadanos cordobeses. Porque la seguridad jurídica no hace solamente a que no te roben la moto o la bicicleta. Eso es tan sólo una parte.
La seguridad jurídica también se ve en un divorcio, en una cuota alimentaria, en una quiebra, en un concurso o en un amparo porque la obra social no aporta una medicación, o en una compañía de seguros que pretende sustraerse a pagar el arreglo del auto que te chocaron.
Eso también es inseguridad jurídica y si la máquina de la Justicia tiene los engranajes rotos, tu solución no llega o llega muy tarde.
Todos estamos dispuestos a poner voluntad positiva para darle una justa solución a este problema, pero sin dudas es necesario que la iniciativa de hacerlo provenga de quien tiene la posibilidad material de aportar esa solución y la capacidad jurídica y política de hacerlo.
Es hora de que cada uno, desde su lugar, exija una mejor administración de justicia, que de una vez por todas se reorganice el Poder Judicial para que sea verdaderamente independiente del poder político, pero que internamente sea tan democrático como lo es la vida de nuestro país desde el año 1983.
El Poder Judicial independiente es el emblema y estandarte de una organización democrática; lo que no se entiende es por qué esa democracia llega sólo hasta la puerta de los Tribunales y para adentro se vive una gravísima desigualdad dentro de un sistema absolutista y totalitario.
Ojo, ello no significa desconocer las jerarquías judiciales ni las distintas responsabilidades que a cada cargo le corresponden, pero no es necesario que esa diferencia se haga notoria expresamente en el salario.
El hijo de un alto magistrado requiere los mismos alimentos y libros para crecer y estudiar que los que requiere el hijo de un ordenanza. No hablo de castigar a los que han hecho carrera y se han sacrificado para ocupar un alto cargo, a quienes respeto y valoro en su actitud de superarse y mejorar día y a día. Pero tampoco es justo que quienes ocupan escalafones menores deban optar entre reponer un par de zapatillas derruidas a su hijo o pagar el alquiler de su casa para no ser desalojados. Ojalá no lleguemos a eso.
Muchas veces he escuchado críticas al Gobierno nacional que no escucha y que no dialoga. Señor gobernador, escuche y dialogue con los empleados del Poder Judicial.
A diario vemos el desinterés por los problemas de los demás; sin embargo, este no es el caso. Este es un problema de todos, interesémonos y participemos. Creo que con la intervención de todos los actores sociales se puede llegar a buen puerto y que nuestro Poder Judicial vuelva a ser ejemplo nacional.
(*) Abogado del foro local