En el último tiempo, dos informes han tomado estado público a través de los medios masivos de comunicación: uno dando cuenta del aumento del porcentaje de familias que sobreviven bajo la línea de pobreza y otro que muestra el desarrollo, extensión y responsabilidad institucional en el crecimiento del narcotráfico en nuestra provincia. Ambos informes están cruzados por una población en riesgo que es presa de estas situaciones: los jóvenes.

Todos sabemos - a veces por tristes experiencias cercanas- que las adicciones afectan a las distintas capas sociales y etarias, lo que tal vez pocos conozcan es que alrededor de la producción, distribución y consumo de las distintas sustancias se genera una economía paralela que encuentra en sectores de bajos o de escasos ingresos económicos mano de obra rentable para entrar en este "negocio". Para que se comprenda bien, en el circuito de la droga, guardar paquetes, cocinar (preparar distintas sustancias), distribuir o vender desde la ventana de la propia vivienda, aporta ingresos a los que no se accede desde la economía "formal". Nadie pide currículum, no importa la edad, la experiencia laboral ni el barrio de procedencia ni siquiera hay que llenar complejos formularios. Menos importa, si las personas tienen el secundario completo o siquiera saben leer y escribir -requisitos indispensables para ingresar a cualquier trabajo- sólo interesa la disponibilidad y el manejo básico del dinero... Y no es menor la cifra donde el narcotráfico encuentra mano de obra y consumidores, estamos hablando de 63.500 jóvenes pobres en nuestra provincia.

Este contexto se suma a la bajísima inversión en salud y educación desde los distintos estamentos gubernamentales, planes sociales que no son eficientes ni eficaces en los sectores más vulnerables genera una combinación peligrosa que expone a los jóvenes de estos sectores a tomar decisiones desesperadas a falta de mejores oportunidades. Ahora sumemos un accionar policial que libera zonas, dirige y es partícipe necesario para el desarrollo del narcotráfico -demostrado en profundidad por las últimas investigaciones periodísticas- que para justificar su presencia masiva y sin ningún plan estratégico en los barrios más humildes, llena planillas y comisarías de “perejiles”. Aquí es necesario aclarar ¿por qué esto influye en las vidas de nuestros y nuestras jóvenes?,  los perejiles y los llenados de planillas implican que móviles policiales destinen su tiempo a demorar pibes que van a la escuela, que están sentados en la puerta de su casa o que osaron ir al centro a buscar trabajo, participar de una actividad cultural o simplemente de visita social. Se destinan recursos públicos a cercenar la posibilidad de los jóvenes que requieren nuestra mayor atención porque son los que están expuestos a mayor vulneración y de estar en peligro pasan a ser peligrosos para la sociedad. Por eso planteamos que el Código de Faltas de la provincia no debe ser más el instrumento que permita los abusos policiales, no nos protege contra los Sosa que corrompen a nuestros jóvenes y sí habilita a esos mismos Sosa que hagan uso y abuso de poder para que nuestros y nuestras jóvenes que quieran mejorar su calidad de vida, no puedan hacerlo.

Gastón Vega

coordinador provincial de “Jóvenes de pie”