La polémica por la designación de manera exclusiva de una sola escribana para realizar los trámites de escrituración de los lotes comprendidos en el Programa de Acceso al Suelo Urbano (PASU) que se implementó en los terrenos del ex-Aeroclub sumó ayer un nuevo capítulo.

Mientras que ya se concretaron 137 escrituras, merced a la gestión de la escribana Gabriela Rigo, los tribunos de Cuentas José Naselli y Gustavo Maristany instaron una “urgente respuesta” a su demanda de información sobre “la nómina de escribanos designados para realizar los trámites de escrituración de lotes a sus respectivos beneficiarios”, correspondientes al loteo denominado barrio Ramón Carrillo.

En una nota dirigida al intendente Eduardo Accastello, los vocales del Tribunal recordaron que la designación de escribano, en cada una de las escrituras, deviene de una decisión de “la Municipalidad de Villa María”.

Teniendo en cuenta lo expresado, solicitaron “informes sobre los criterios utilizados para direccionar tales designaciones a determinado(s) notario(s)”.

De todos modos, y a pesar de los insistentes planteos, las respuestas oficiales todavía no llegan.

“Al margen de la grave falta legal y ética derivada de la omisión de respuesta por parte de los funcionarios que están obligados a proporcionarla, hacemos saber que estos tribunos se encuentran abocados a una tarea investigativa respecto a lo que, en resolución pública por nosotros firmada, hemos definido como una grave violación al deber del funcionario público de contratar respetando un procedimiento que contemple la igualdad de oportunidades para los respectivos interesados”, enfatizaron los autores de la misiva.

“Si bien la información ha sido solicitada a la señora presidenta del Directorio del Instituto Municipal de Inversión (IMI), ante la negativa, reticencia o negligencia en proporcionar la información requerida, consideramos es deber del intendente municipal, como jefe de la administración, intervenir a los fines de que se cumpla el claro mandato de la Carta Orgánica Municipal”, redondearon para concluir Naselli y Maristany.

 

Contratos ilegales

 

Para comprender de manera cabal lo que ocurre respecto al caso que desnudan los referentes de la oposición en el Tribunal de Cuentas, es obligatorio repasar el accionar del IMI respecto a su modalidad de contrataciones. 

Días atrás, este matutino indicaba que la institución presidida por José Carignano y dirigida por Omar Regueira volvió a realizar una acción (contratación directa indiscriminada) que expone severamente a la entidad desde el punto de vista legal y administrativo.

Omitiendo todo proceso de selección (una licitación privada podría ser el mecanismo correcto para dirimir esta situación) que contemple la igualdad de oportunidades para otros interesados, la dependencia del Estado municipal contrató a Rigo.

“Lo correcto hubiese sido seguir las reglas generales de contrataciones del municipio, conforme al monto del contrato, que en este caso se eleva a 378 mil pesos (pagaderos en seis pagos mensuales y consecutivos de 76.230 pesos)”, enfatizaron los vocales. 

“Es nuestra obligación advertir que la falta de transparencia en el sistema de contrataciones crea el ámbito propicio para prácticas corruptas e ilícitas. El direccionamiento discrecional y arbitrario hacia uno o determinados beneficiarios de contrataciones que significa disponer de los dineros públicos podría encuadrarse dentro de este tipo de conductas”, enfatizaron para concluir.