Antiguamente se llamaba escribano al que por oficio público estaba autorizado para dar fe de las escrituras y demás actos que se desarrollaban ante él.

La utilidad de la institución de los escribanos es igual a la importancia y aún necesidad de que se fije y conserve para siempre todo cuanto pasa en los juicios y se estipula en las convenciones. 

 

Hebreos y griegos
 

Ya en los pueblos antiguos se hubo de crear escribanos, aunque no con la autoridad que tuvieron posteriormente, pues su intervención no daba carácter alguno de autenticidad legal a los contratos, los cuales recibían toda su fuerza del sello de las partes y de los testigos. Tales fueron los escribas de los hebreos, los argentarios de Atenas y otros oficiales de la misma clase. 

Los instrumentos que escribían no se consideraban sino como escritos privados y para ser validados debían de presentarlos las partes -con asistencia de cierto número de testigos- al magistrado encargado de ponerles el sello público. 

Aristóteles en su obra “La política” habla de las diversas magistraturas, indispensables o útiles para la sociedad y los menciona como otra clase de funcionarios que está encargada del registro de los actos que tienen lugar entre los particulares y de las sentencias dictadas por los tribunales, siendo estos mismos los que deben actuar en los procedimientos y negocios judiciales. 

A veces esta última magistratura se divide en otras muchas, pero sus atribuciones son siempre las mismas que se enumeraron. Los que desempeñan estos cargos se llaman archiveros, escribanos, conservadores o se designan con otro nombre semejante.

 

Romanos
 

También estuvieron presentes en Roma, aunque la profesión de recibir los otorgamientos de los contratos se denominaba de diferentes formas:

- Scriboe, título común a todos los que sabían escribir.

- Cursores o logographi, porque escribían tan aprisa como se habla.

- Notarii, porque escribían por notas o minutas.

- Tabularii o Tabelliones, porque escribían en tablillas.

- Arycntarii, para designar a los que no asistían a otros contratos que a las negociaciones de dinero, como las de préstamos o depósitos.

- Actuarii, para denotar a los que redactaban las actas públicas y las decisiones o decretos de los jueces.

- Chartularii, para significar a los que reconocían y guardaban los instrumentos públicos.

Cada gobernador de provincia tenía a su lado uno de estos últimos oficiales para recibir, registrar y sellar los actos, como las emancipaciones, adopciones, manumisiones y testamentos. 

Todos los referidos oficiales eran ministros de los magistrados y todos redactaban los contratos y las sentencias. Los notarios escribían sus notas y las pasaban a los tabelliones que eran los únicos que tenían derecho de extender el instrumento sobre estas notas consideradas como simples borradores o minutas.

La profesión de los escribanos era por su naturaleza tan delicada como honorífica y respetable, pues en ellos estaba depositada la fe pública. 

Así es que los griegos no admitían para ejercerla sino a sujetos distinguidos por su lealtad, su rectitud y su ciencia. No la estimaron en tanto los romanos, quienes para que nada costase al público la redacción de los contratos y de los procesos, confirieron el encargo de llenar estas funciones a los esclavos pertenecientes al cuerpo de cada ciudad, hasta que los emperadores Arcadio y Honorio las erigieron en cargos públicos que debían desempeñar gratuitamente por turno los ciudadanos y que, llegando a ser demasiado gravosas, hubieron por fin de darse como plazas o empleos a oficiales ministeriales adictos a los presidentes y gobernadores de provincias.

 

Españoles
 

En España, se celebraban antiguamente los contratos ante algún sacerdote, monje o religioso con asistencia de varios testigos de todas clases. 

El sacerdote redactaba la escritura y la firmaban todos los testigos o los que sabían por los que no sabían, estampando además el sello de sus armas o blasones los que lo usaban y aún algunas veces se hacía todo en presencia de la Justicia.

Esta costumbre duró hasta los tiempos del rey don Alfonso el Sabio, quien con acuerdo de los tres estados o brazos del reino creó los escribanos públicos y dispuso que en cada pueblo, cabeza de jurisdicción, se estableciese cierto número de ellos para autorizar las escrituras o instrumentos con asistencia de dos o tres testigos, señalándoles ciertos derechos por su trabajo. 

La historia de la colonización española en nuestro continente, hace 500 años, nombra a Pedro Sancho de la Hoz, escribano general de los Reinos de la Nueva Castilla, quien redactó sus documentos acompañando al conquistador Francisco Pizarro.

Poco tiempo después, los “escribanos de la hueste” surgieron como figuras pintorescas cargando toda la parafernalia de sus arreos.

El “protocolo ambulante”, en efecto, es un valioso documento que ilustra acerca de la vida cotidiana en aquellos tiempos inmemoriales, de los que se tiene conocimiento gracias a estos notarios, que constituyeron una figura relevante a lo largo de todo el período colonial.