A la tumultuosa relación que sostienen desde hace algún tiempo el empresario de la construcción, Angel Franceschina, con la Municipalidad de Villa María parece no faltarle ningún condimento polémico.

Deudas impagas, desmentidas oficiales, denuncias cruzadas y hasta acusaciones de “aprietes”, pueden contarse entre los capítulos que ha ido ofreciendo la historia que tomó estado público a través de las páginas de EL DIARIO, cuando Franceschina reveló que la comuna villamariense le debía un millón y medio de pesos.

Cuando la rescisión del vínculo contractual que unía al municipio con F&G Construcciones y A. Franceschina (UTE) fue anunciado días atrás por fuentes oficiales (se indicó que se solicitó el retorno a la actividad en las obras, sin respuesta positiva por parte del empresario), muchos presumimos que la compleja trama había llegado a su fin.

Teniendo en cuenta el punto final establecido por la comuna, los tribunos José Naselli y Gustavo Maristany remitieron ayer a la titular del Instituto Municipal de Inversión, Rosana Suescum (con copia al intendente y al jefe de Gabinete), solicitando “la remisión de copia fiel de la documentación integral de todos los contratos suscriptos por el IMI” con las empresas lideradas por Franceschina.

Los tribunos también pidieron información sobre “importes abonados a los mencionados contratistas hasta la fecha, desglosados, obra por obra y las fechas respectivas de pago”.

Los referentes de la oposición en el Tribunal de Cuentas también quieren recabar “todos los antecedentes relacionados con la rescisión  del contrato con la empresa Angel Franceschina correspondiente a la ejecución de obras en el marco del Programa Nacional ‘Mejor vivir’. Asimismo, también exigen “la copia integral del convenio formalizado entre la Nación y el Municipio”, relativo al citado plan habitacional.

Como fundamento de su requisitoria, Naselli y Maristany esgrimieron el inciso 4 del artículo 157 de la Carta Orgánica Municipal (COM) que establece como una de las atribuciones y deberes de los tribunos el “controlar... la inversión de los fondos y las operaciones financieras y patrimoniales de los organismos centralizados y descentralizados del Estado Municipal”.

“Esta información se solicita con el carácter de “urgente”, estimándose razonable un plazo de cinco días hábiles para la respuesta”, concluyeron los funcionarios.

¿Brindarán desde el IMI la información que piden los tribunos, o mantendrán la tesitura de mantenerse en silencio ante los funcionarios encargados de controlar las cuentas oficiales?

Las dudas están planteadas, habrá que ver cuál será la determinación que adopte el ente.