Los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), exigieron al Gobierno de José Manuel de la Sota que “garantice” la seguridad del periodista Tomás Méndez, quien denunció haber recibido amenazas de muerte.
Mediante un comunicado, los SRT señalaron que “ante la gravedad” de las amenazas recibidas por Méndez “a causa de sus recientes investigaciones sobre narcotráfico” en su programa ADN, que involucra a policías de la provincia, el Directorio del ente universitario “junto a todos sus trabajadores, instan a los poderes del Estado a tomar las medidas pertinentes a fin de salvaguardar su integridad física y la de toda su familia”.
“Desde los SRT manifestamos nuestro total apoyo a la labor periodística que desarrolla Tomás Méndez y reiteramos nuestro firme compromiso con la audiencia de informar de manera confiable, responsable y plural que ha caracterizado a nuestros servicios informativos”, añade el comunicado.
“Por ello, exigimos al Gobierno de la Provincia que adopte las medidas necesarias a su alcance para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión, amenazado por quienes han sido puestos al descubierto en su accionar delictivo”, concluye el comunicado.
Por su parte, el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren) expresó su “preocupación por la integridad física del compañero Tomas Méndez, como así también la de los compañeros que integran la producción del programa ADN que se emite por Canal 10”.
“En la noche del lunes 7 de octubre, una fuente de confianza de la producción del programa se puso en contacto para advertirles que en una reunión política que se realizaba en la Seccional 10ª de Villa El libertador, se habrían ofrecido “300 mil pesos para ‘dar vuelta’ a Tomás”.
En ese sentido, el Cispren indicó que “responsabiliza al Gobierno provincial por la integridad física de Méndez y su equipo de producción y exige se investigue hasta las últimas consecuencias este nuevo hecho intimidatorio, que afecta a todo el quehacer periodístico de Córdoba”.
“Los ataques a la prensa son, en definitiva, agresiones a la sociedad toda, en tanto afecta el derecho constitucional a informar e informarse”.
“Una vez más nos solidarizamos con los compañeros intimidados, al tiempo que repudiamos enérgicamente estas actitudes que atentan contra el sistema democrático”, concluyó la entidad gremial.
Denunciaron penalmente al fiscal que investiga el presunto suicidio de Alós
La viuda del oficial de la Policía provincial Juan Alós, Rosana Luna, denunció ayer penalmente al fiscal de Alta Gracia, Emilio Drazile, responsable de la investigación por el presunto suicidio de su esposo, por los supuestos delitos de “encubrimiento agravado” y “abuso de autoridad”, al tiempo que solicitará su destitución.
Según explicó el abogado patrocinante de Luna, Carlos Nayi, la presentación realizada ante la Fiscalía de Carlos Matheu, es una “denuncia formal” contra Drazile, “en medio de una serie de irregularidades vinculadas a la irresponsabilidad con la que se manejó la investigación de la muerte” del oficial.
Juan Alós (34), uno de los policías investigados por presunta vinculación con el negocio del narcotráfico, fue hallado muerto en la madrugada del 7 de septiembre, con un disparo de arma de fuego en la cabeza.
El cuerpo del oficial fue encontrado en el interior de su vehículo, en la zona de Bosque Alegre, cerca de Alta Gracia.
Alós era oriundo de esa ciudad, se desempeñaba en la División Drogas Peligrosas de la Policía provincial y estaba sindicado como uno de los efectivos de la lucha contra la droga que tenía vínculos con narcotraficantes, según el testimonio de un arrepentido.
En aquella oportunidad, el fiscal Drazile confirmó a la prensa que el efectivo policial se encontraba sin vida y con un disparo de bala en la cabeza dentro de su automóvil y que junto al cuerpo había una foto familiar y una carta, a partir de la cual indicó que se trataba de un suicidio.
Nayi, en declaraciones a la prensa, puntualizó que el fiscal Drazile “hizo saber el sábado a la noche que el auto de Alós, el mismo día en que fue encontrado muerto, y estamos hablando del auto oficial, había sido lavado por orden superior y eso habría barrido todas las pruebas”.
Añadió que el lavado del vehículo “ocurrió en la base de (la División) Narcóticos de barrio San Pablo, y eso es de inusitada gravedad”.
La prueba fue “barrida”
“El auto fue lavado, limpiado y barrida virtualmente la prueba en el interior (del rodado), no así en el exterior, que permanece intacto”.
“Esto demuestra claramente -agregó Nayi- que el objetivo era evitar que se conozca alguna prueba que pueda generar niveles de responsabilidad para gente que estaba involucrada en alguna actividad no lícita”.
“Está claro que hay algunos elementos objetivos que alejan absolutamente la posibilidad de considerar la hipótesis del suicidio, acá estamos hablando, y eso es lo que se pide investigar, de la probable existencia de un suicidio inducido u homicidio perpetrado bajo circunstancias muy particulares”, expresó Nayi.
Agregó que la denuncia penal presentada por Luna contra el fiscal de Alta Gracia, es por la “probable comisión de los delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
“Asimismo, pedirá la destitución del fiscal por mal desempeño y la probable comisión de delito y, por lógica, el inmediato apartamiento de la investigación de este caso” de Drazile, concluyó Nayi.
