El licenciado Pablo Arriaga, presidente de la Delegación “A” Regional Villa María del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, advirtió ayer que la salud mental, “a pesar de los desarrollos de crecimiento social y económico logrados en nuestro país en estos últimos años”, es “una materia pendiente” y que condiciona “la calidad de vida de los habitantes”, al pronunciarse en el marco del Día Mundial de la Salud Mental que se conmemora hoy, con el lema “Alternativas frente a la crisis. El valor de nuestros derechos”.
Arriaga se refirió a la situación actual sobre la salud mental en el mundo -principalmente en los países de América- y dijo que es necesario “superar el estado crítico que, desde hace muchos años, viene caracterizándola” y que se da por varias razones.
“Una, es que el 70% de las personas no puede acceder a un servicio de salud mental de calidad” en Latinoamérica. Por eso, indicó que es “una materia pendiente garantizar a las personas, especialmente a las de bajos recursos, estos derechos, entendiéndose un servicio de salud mental de calidad como una atención interdisciplinaria y con seguimiento continuo y efectivo tras los momentos agudos o de crisis emergentes”, lo que “contrasta con la realidad en Argentina, donde existe uno de los mayores porcentajes de profesionales de la salud mental (principalmente psicólogos) por habitante”.
Por otro lado, aseveró que existen recursos escasos y mal distribuidos. En el país “se invierte entre un 3% y un 4% para la salud mental, debiendo elevarlo (según la Ley Nº 26.657 de Salud Mental y su Decreto Reglamentario 603/2013) a un mínimo del 10%” y además “se distribuyen de manera ineficaz, porque los servicios se centran en lo que se llama el segundo o tercer nivel de atención”.
Con respecto al segundo nivel de atención, se trata de los centros asistenciales “donde mayoritariamente se atiende de manera ambulatoria a pacientes que llegan en crisis y luego se establecen seguimientos deficitarios en cuanto a frecuencia y contención psicosocial”. En relación al tercer nivel, “se trata de los dispositivos de encierro para pacientes crónicos (neuropsiquiátricos), donde se calcula que la atención en estas instituciones le cuesta al Estado alrededor de 25 mil pesos por mes por cada persona internada”. También existe, advirtió el profesional, “carencia de formación actualizada de nivel superior, de grado y posgrado respecto de los nuevos paradigmas para hacer frente a los desafíos de la salud mental actual, a pesar de la gran oferta educativa que hay en nuestro país”.
Arriaga advirtió sobre la carga que genera una persona con padecimiento mental, “soportada generalmente por los vínculos familiares, dentro de sus posibilidades simbólicas y materiales, terminando tarde o temprano en recurrir al control químico exagerado (medicación) o físico (encierro) para aliviarse”, las que definió como “medidas violentas hacia el sufriente mental quien, por su aislamiento y/o restricción de derechos, es incapacitado aún más”.
El titular de la delegación local de Psicólogos aclaró que en Argentina este día no es uno más, ya que desde 2010 hay una nueva Ley Nacional de Salud Mental y este año se aprobó su reglamentación, además de que hoy se lanza oficialmente el Plan Nacional de Salud Mental.