El caso que involucra al empresario Angel Franceschina parece no apagarse puertas adentro del Palacio Municipal. 

Mientras los tribunos José Naselli y Gustavo Maristany reclaman al Instituto Municipal de Inversión detalles de la relación que la comuna tuvo o tiene con el propietario de una firma dedicada a la construcción, los del municipio se aseguran enfáticamente de que toda la documentación relacionada con la polémica situación (que culminara rescindiéndole el contrato a la constructora) ya ha sido dada a conocer, en tiempo y forma.

Respondiendo a través de los medios a los tribunos, los referentes comunales se despacharon contra los vocales indicando que intentan “confundir a la población con argumentos falaces y maliciosos” y “frenar el desarrollo de obras y programas municipales”.

 

Vuelta a la carga

 

“Nuestra solicitud fue respondida de manera parcial y sesgada ante nuestro requerimiento de los contratos suscriptos entre el Instituto Municipal de Inversión (IMI) y el citado empresario, se acude a una respuesta claramente elusiva”, sostuvieron Naselli y Maristany en un escrito que ayer remitieron al intendente Eduardo Accastello, pidiéndole su “intervención personal” en el espinoso asunto.

Siguiendo con la idea de que el IMI maniobra para evitar dar explicaciones concretas, los vocales hicieron foco en un fragmento de la versión oficial, donde “se expresa que la documentación referida fue acompañada cada vez que se aprobaron las órdenes de pago correspondientes”.

“La señora presidenta (contadora Rosana Suescum) no puede ignorar que el Tribunal de Cuentas no es el archivo histórico del municipio”, ironizaron a renglón seguido.

 Continuando con el análisis del texto, mediante el cual la Municipalidad en los medios de comunicación locales les contestó, Naselli y Maristany advirtieron que “en el tercer párrafo de la nota se expresa que se nos remite ‘la copia pertinente’ de la ‘rescisión’ de los contratos de la obra ‘Mejor Vivir’. Dicha supuesta copia no se encuentra glosada en el pliego remitido”.

 

Gravedad absoluta

 

En horas de fundamentar su accionar investigativo, los vocales de la oposición hicieron hincapié en las graves acusaciones que Franceschina develara ante periodistas de EL DIARIO semanas atrás.

“El señor Franceschina, en sus declaraciones públicas, afirma haber sido coaccionado a aceptar ‘condiciones’, sin especificar en qué consistirían las mismas y quiénes las habrían exigido, aunque aparentemente serían de entidad tal que todo ello sería elevado a la Justicia”.

Por otra parte, recordaron que el hombre de Monte Buey también había afirmado que “...me fueron dando obras de revitalización de espacios públicos, supuestamente hasta que me pudieran pagar...” (del contexto se advierte que la falta de pago se refiere a las obras del Programa “Mejor Vivir”).

“De ser ciertas esas afirmaciones, es evidente que estaríamos frente a delitos perseguibles de oficio. También sabemos que esta situación ya se encuentra en conocimiento de la Justicia, conforme se desprende del comunicado público de que ‘...el Gobierno local se puso a disposición de la justicia...’”.

“Si la relación contractual con Franceschina ha llegado al punto de que: a) Encontramos graves declaraciones públicas cruzadas; b) se ha operado una rescisión contractual que, eventualmente, puede desembocar en una demanda contra la comuna; c) todo ello ameritó la puesta a disposición de la Justicia de uno o más funcionarios (no conocemos ese detalle), es evidente entonces que estos Tribunos (que no representan a ninguna minoría ni a ninguna mayoría, sino a la totalidad de los vecinos de la ciudad) tienen el derecho y la obligación de informarse y ser informados”, concluyeron.