Tres de los represores imputados declararon ayer en la audiencia Nº 89 del juicio oral y público que se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba, en el marco de la megacausa La Perla por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
El primero en brindar su testimonio fue Héctor Pedro Vergez, alias “Vargas”, oficial del Ejército especializado en inteligencia, que integró, desde principios de diciembre de 1974, el Destacamento 141 con asiento en la capital provincial.
Como teniente primero, fue uno de los principales miembros del Comando Libertadores de América (CLA, versión cordobesa de la Triple A) y posteriormente se desempeñó como jefe de los centros clandestinos de detención La Ribera y La Perla.
Vergez está imputado de 448 delitos: 169 “privaciones ilegítimas de la libertad agravadas”, 163 “imposiciones de tormentos agravadas”, 108 “homicidios calificados”, 6 “imposiciones de tormentos seguidas de muerte”, una “tentativa de homicidio calificado” y la “sustracción de un menor de 10 años”.
Durante su exposición desechó los testimonios que lo implicaron diciendo que jamás tuvo contacto con los sobrevivientes que declararon en el juicio.
s Por Larrabure
Al referirse al desaparecido dirigente Marcos Osatinsky, Vergez señaló que él tenía planes para “intercambiarlo por (el coronel Argentino del Valle) Larrabure”, secuestrado en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), en 1974.
Aclaró que esta operación no se pudo llevar a cabo porque su superior, “el coronel Bolacini”, miembro del CLA, “no lo permitió”, y agregó que el intermediario iba a ser el entonces cardenal (ya fallecido) Raúl Francisco Primatesta.
Al referirse a secuestros y enterramientos clandestinos, Vergez señaló que tenía conocimiento de tres personas secuestradas y trasladadas desde Buenos Aires a Córdoba que habrían sido asesinadas y enterradas en la zona de las Salinas y añadió: “No es fácil, pero tampoco es imposible hallarlos”.
Recordó que esas personas fueron secuestradas en el año 1972 y que fueron enviadas a Córdoba para ser asesinadas por orden del fallecido expresidente de facto Alejandro Agustín Lanusse.
Sobre los desaparecidos de la causa, el imputado dijo no saber absolutamente nada: “Tampoco creo que el resto de los imputados que están sentados aquí sepan nada”, señaló.
Otro de los que declaró fue el represor Ernesto Guillermo Barreiro, alias “Nabo”, que se desempeñó en el Destacamento 141 de Inteligencia y formó parte de los CLA y de la “patota” que realizaba los secuestros de La Perla, centro clandestino de detención del que fue jefe.
En 1987, cuando la Justicia intentó tomarle declaración indagatoria por delitos cometidos durante la dictadura, secundó a Aldo Rico en el alzamiento de Semana Santa durante el Gobierno de Raúl Alfonsín y posteriormente fue beneficiado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, derogadas por el Gobierno de Néstor Kirchner, lo que permitió su actual enjuiciamiento.
Barreiro está imputado de 518 delitos: 228 “privaciones ilegítimas de la libertad agravadas”, 211 “imposiciones de tormentos agravadas”, 65 “homicidios calificados”, 13 “imposiciones de tormentos seguidos de muerte” y la “sustracción de un menor de 10 años”.
Al iniciar la ampliación de su declaratoria, hizo referencia al Día de la Lealtad, que se conmemora cada 17 de octubre, al tiempo que destacó su afiliación al “peronismo de derecha”.
Luego realizó una extensa exposición sobre el organigrama del Ejército, refiriéndose a la responsabilidad que le compete al comandante, cargo ocupado en ese entonces por el represor Luciano Benjamín Menéndez, principal imputado en la causa.
Finalmente declaró el acusado José Hugo Herrera, alias “Tarta”, que prestó servicios en el Batallón 141, integró los CLA y formó parte de la “patota” de La Perla que se dedicaba a los secuestros.
Está imputado de 639 delitos: 240 “privaciones ilegítimas de la libertad agravadas”, 225 “imposiciones de tormentos agravadas”, 159 “homicidios calificados”, 14 “imposiciones de tormentos seguidas de muerte” y una “tentativa de homicidio calificado”.
Su testimonio se centró en desvirtuar las exposiciones que los distintos testigos realizaron ante el tribunal, fundamentalmente de aquellos que lo involucraron en distintos delitos.
Tras escuchar las declaraciones el tribunal, resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, a las 10.