Por estos días en los medios de prensa se discute acerca del exabrupto de Cabandié, su mal manejó de la situación y el oportunismo político de quienes difunden en plena campaña el video de algo que pasó hace meses. Sin entrar en el análisis de estos hechos en particular, me permito llamar la atención acerca de cómo se naturaliza la situación de precarización laboral que tenía la empleada municipal que controlaba el tránsito.
Nada se dice acerca de que era personal del Estado sin estabilidad laboral tal cual lo dicta la Constitución Nacional. La letra de la carta magna pretende asegurar ese derecho a los trabajadores estatales para que, casualmente, su fuente laboral no esté sujeta al humor del funcionario político de turno. Cuando ese punto se discutió en la constituyente se manifestó que si los empleados estatales no tienen asegurada la estabilidad, terminan transformándose en botín de los gobernantes, y frente a una elección tienen suspendidos sus derechos políticos, pues lo más factible es que se sientan forzados a votar al oficialismo que puede asegurarles la continuidad laboral.
Salvo que se considere al Estado como inviable, no es posible aceptar que tareas tan propias del mismo puedan ser cumplidas por personal contratado. El Estado no hace inspecciones sólo por un tiempo, no controla el tránsito por un par de meses y luego deja de ejercer su poder de policía. El Estado posee el poder de policía y ejerce el control mediante inspecciones todo el tiempo. No armamos un Estado para desarmarlo dentro de unos meses. Y si entendemos que esto es así, ¿cuál sería la razón para que los municipios tengan personal temporario, contratados? ¿Acaso se busca que esos trabajadores vivan, de manera permanente, la incertidumbre de no saber si el humor del funcionario los dejará seguir trabajando? Si ésta es la respuesta, ya no hablamos de “correctivos”, sino de una estrategia para tener empleados sumisos. La precarización sería un dispositivo para enfrentarlos, de manera permanente, al temor de quedarse sin trabajo. Y cuando decimos sin trabajo, decimos sin la posibilidad de ejercer el derecho a un trabajo digno, un derecho que permite el acceso a otros derechos (vestirse, comer, etcétera).
Nuestra sociedad tiene altísimos índices de trabajadores desprotegidos, sin estar registrados, sin aportes para su jubilación, sin seguro por accidentes, sin obra social, sin derecho a vacaciones, etcétera. En ese marco, como en cualquier otro, es preocupante que en nuestra sociedad también se naturalice el trabajo desprotegido en el Estado. Cuestión que tampoco parece importarles a los partidos políticos mayoritarios, cuyos candidatos discuten muchas otras cosas pero no ésta. Tampoco se ocupan del tema los grandes comunicadores sociales que no dedican ningún minuto para hablar de los trabajadores a los cuales el propio Estado les hace sufrir el trabajo sin protección. Esto no es un detalle, por el contrario, se trata de algo de gran relevancia si pretendemos organizar un Estado que proteja a los más débiles. La precarización laboral en el Estado es una deuda que lamentablemente desde los partidos mayoritarios no se plantea como tal.
Jesús Chirino