Sandra Elena Parody está a cargo de una de las tres secretarías del Juzgado de Niñez, Juventud y Violencia Familiar de Córdoba Capital.
Antes de relatar la estrategia con la que afrontan los casos de violencia, la funcionaria explicó que el Poder Judicial “es el que toma las medidas urgentes para hacer cesar la escalada de violencia. No es el que previene ni el que modifica las conductas”, dado que para estos abordajes están los organismos administrativos.
“Una de las estrategias que aprendimos con la práctica es que cuando hay que dictar una orden de restricción, se hace para ambos: víctima y victimario”, señaló.
Esto se debe a que, en muchos casos, se ordena la restricción y el denunciado “llega al juzgado mostrando mensajes de la víctima, lo que genera situaciones complicadas. Por eso decidimos, como práctica, que hasta que se van incorporando los informes técnicos, la restricción es para ambos”, dijo.
Cabe señalar que al momento de tomar una medida de esa naturaleza -que requiere una respuesta urgente-, el juez sólo cuenta con la denuncia. Después se siguen los pasos para verificar los dichos del denunciante y con eso cuentan con más elementos para actuar.
En muchos casos, con la sola restricción cesa la violencia. “Para otros no. En caso de que no se cumpla la restricción, es el fiscal el que determina qué medida de coerción aplica, la que puede llegar hasta la prisión preventiva”, señaló.
Reconoce que muchas veces es difícil determinar la gravedad de los casos. “Pero en casos de violencia, lo único que no debe hacer un juez es no hacer nada. Ni bien se recepta la denuncia, hay que determinar si se dispone prohibición, restricción, exclusión o bien alojamiento de la víctima en un lugar seguro o la entrega de un botón antipánico. Nunca no hacer nada”, remarcó.
“Luego, con los informes técnicos, se puede ir evaluando si se mantiene en el tiempo la medida o no”, agregó.
Reconoce que la estructura judicial es limitada “y mucho más en el interior”.
En el caso de Córdoba capital, en la Secretaría que tiene a su cargo, en el año 2012 ingresaron 1.275 denuncias por violencia familiar. Se tomaron 787 medidas y 285 audiencias.
“No toda denuncia termina en una audiencia. Las fijamos en los casos más gravosos como las exclusiones o cuando los niños están en guarda con terceros”, dijo.
La funcionaria llegó a Villa María para disertar en las jornadas sobre Violencia Familiar que organizó el Colegio de Abogados de esta ciudad.