El delegado de la Defensoría del Pueblo en el Departamento San Martín, Matías Sánchez, aseguró ayer que “casi todas las obras sociales” incurren en no respetar lo que marca la ley en cuanto a la cobertura que deben realizar para personas que presentan alguna discapacidad.
Entrevistado por EL DIARIO en la sede de calle Chile, el funcionario subrayó que por la Ley de Discapacidad, “toda la medicación y el tratamiento directamente vinculado a la discapacidad debe tener una cobertura del 100%”, pero advirtió que en la práctica esto no se cumple.
“Actualmente, muchas obras sociales y prepagas están esquivando lo que les corresponde hacer, escudándose en decretos internos” que no son válidos ante la supremacía de la ley, aclaró Sánchez.
En la Defensoría tomaron conocimiento de que las obras sociales “les piden informes socioeconómicos a las personas, algo que no tiene por qué ocurrir”.
Ante la consulta periodística, precisó que se han recibido entre 30 y 40 reclamos por mes en esta sede, pero cree que “es sólo el 10% de la gente que presenta estos inconvenientes”, ya que se presume que el resto va y paga las drogas oncológicas, prótesis y otras por desconocimiento.
Sánchez detalló que el médico tiene que justificar científicamente la medicación que solicita para el paciente y precisar que está relacionado de manera directa con la enfermedad.
“La mayoría de las obras sociales no está respetando la ley, no hacen las cosas como tienen que ser”, declaró, pero advirtió también que “el médico tiene que ser preciso en la fundamentación de las razones por las cuales solicita el medicamento”.
El funcionario subrayó que “por lo general se trata de drogas que son costosas”.
Muchos con respuesta
Señaló que cuando recibe un planteo de una persona que se ve afectada, “agotamos la vía administrativa, llegando hasta donde podemos, que es donde le toca intervenir a la Justicia”. En este sentido, afirmó que en el 70% de los casos se resuelve favorablemente por la intervención de la Defensoría.
No obstante, alertó que “suele demandarnos dos o tres meses y la realidad es que hay enfermedades que ameritan urgencia”, por lo que acude a la Superintendencia de Salud.
IPV
Por otro lado, Matías Sánchez indicó que los vecinos que presenten deuda del IPV pueden acudir a la sede de la Defensoría y acceder a un plan de pago.
Esta sede es la misma que la del ombudsman local y está situada en calle Chile 327.