Una avanzada de la Municipalidad de Villa Nueva hacia el boliche Aruba derivó en una nueva presentación judicial de los propietarios de la disco contra el Ejecutivo.
El Gobierno resolvió clausurar la confitería ubicada en barrio La Floresta y tuvo como respuesta la reacción del dueño, Javier Soria, quien se presentó en Tribunales ante el juez Alberto Domenech para solicitar un amparo. Asimismo, sostuvo que la determinación oficial se "trata de un acto ilegal".
Abordado por EL DIARIO, Soria precisó que la habilitación de Aruba rige hasta el 31 de octubre, por lo que puede tener sus puertas abiertas actualmente. Ante el cierre dispuesto por la comuna, "hice una presentación en la Justicia porque es un acto ilegal, ya que había una cautelar pendiente de la Cámara Alta por la cual no pueden dictar un acto administrativo, a raíz de la orden de no innovar". "Sin embargo, se olvidaron de eso", dijo en alusión al Ejecutivo.
El empresario subrayó también que la cuestión de fondo no se resolvió desde la Justicia y que ahora el municipio "incumple la orden del juez y clausura sin argumento", enfatizando que el 31 de octubre de 2012 se le dio una habilitación por doce meses.
Además, cuestionó el sumario administrativo "en donde el intendente es el que me acusa y el que me juzga, en vez de ser derivado al Juzgado de Faltas".
Soria aseguró que no se registró ningún nuevo problema que derivara en esto y advirtió que tiene "la declaración del jefe de Seguridad Ciudadana (se refirió al extitular del área, Carlos Vivas) que dice que el local está en condiciones de ser habilitado, tal es así que el intendente me dio la habilitación".
"Aducen quejas de vecinos. Me juzgan por una causa anterior, faltando a la orden del juez de no innovar. Así se manejan", disparó.
Cuando EL DIARIO le preguntó por qué cree que ocurre esto, aseveró: "Es mera campaña política, es decirle a los seis o siete vecinos que supuestamente son punteros políticos, dos días antes de las elecciones, que le cerramos Aruba".
Luego, advirtió que todo este prolongado conflicto le causó un fuerte perjuicio: la clientela se redujo a la mitad (de 800 personas a entre 300 y 400) y que se pone en riesgo la fuente laboral de 32 personas. "Les interesa más los votos que el bienestar social", cerró.