Una ordenanza por la cual se establece la emergencia municipal hasta el año 2015 inclusive, fue aprobada el jueves en el Concejo Deliberante de Río Tercero con ocho votos a favor y dos en contra.
Según recordó el periódico Tribuna Semanal, además de los seis concejales radicales, estuvieron de acuerdo con la iniciativa el concejal de Unión por Córdoba, Néstor Beltrame y uno de los representantes del Frente Todos por Río Tercero, Jorge Martino, mientras que se opusieron los dos restantes, Danilo Cravero y Marcela Villa.
Este “reordenamiento económico, financiero y administrativo”, como se dio a conocer, pretende renegociar las deudas por juicios perdidos por el municipio, para evitar que acreedores externos puedan embargar los ingresos comunales poniendo en riesgo la prestación de los servicios y el pago de salarios al personal.
La medida tiene su origen en “el impuesto a la valija”, un tributo para empresas de extraña jurisdicción creado durante la gestión del exintendente Luis Brouwer de Koning, por el que el municipio tiene fallos en contra en varios de los 33 juicios iniciados.
Dicho impuesto se le cobraba a empresas foráneas que vendieran bienes y servicios en Río Tercero, pero no tributaban en la ciudad por no tener sede física.
A partir de ahora, quienes tienen deudas por cobrar contra el municipio deberán presentarse e inscribirse en un registro especial, además de acreditar con la documentación pertinente el origen de la deuda y el monto reclamado.
La normativa, que lleva el nombre de Plan de Reordenamiento Económico, Financiero y Administrativo del municipio de Río Tercero, tiene por objetivo establecer un blindaje por los próximos años para evitar que acreedores externos puedan embargar los ingresos comunales, poniendo en riesgo la prestación de los servicios y el pago de salarios al personal de planta permanente y contratado.
A la hora de fundamentar esta medida de excepción, se tuvieron en cuenta las leyes vigentes a nivel nacional y provincial que permiten a cualquier intendencia declarar la emergencia ante determinados contextos económicos y financieros.
La propuesta apunta fundamentalmente a proteger al estado local de una serie de acciones litigiosas y no litigiosas que, en caso de obtener fallos favorables, podrían condicionar el funcionamiento administrativos en los próximos meses.
Quedó expresamente definido en algunos artículos de la norma que la emergencia no alcanza en sus efectos el pago de los salarios del personal, que seguirá cobrando normalmente como hasta ahora, ni a quienes son acreedores corrientes en carácter de proveedores de bienes y servicios.
También quedan exceptuados del alcance de la emergencia los juicios laborales y previsionales que existen o surjan en el futuro.
Aunque la emergencia tiene como plazo último diciembre del año 2015, los ediles quedaron autorizados a revocarla en caso de que así lo disponga el Departamento Ejecutivo, si es que mejora la recaudación propia, se reducen los gastos y pueden refinanciarse a un plazo amplio las deudas más importantes que pesan sobre la administración municipal.