La soberanía alimentaria es la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Ello implica la protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios que se venden más baratos en el mercado internacional y contra la práctica de la venta por debajo de los costos de producción.
Para fortalecer estas teorías y con el objetivo principal de establecer al alimento como un derecho social, el próximo martes 5 de noviembre (desde las 19) se desarrollará en las instalaciones del Rectorado de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), situado en Entre Ríos 1431, un seminario sobre seguridad y soberanía alimentaria.
El mismo, organizado por el Instituto de Extensión y el Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de la UNVM, será auspiciado por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) junto al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
“Los invitamos a reflexionar y debatir acerca de qué modelo productivo, industrial, de comercialización y consumo necesitamos para avanzar en la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro pueblo”, se indicó desde la organización del evento que estará destinado a estudiantes de todas las carreras, docentes, trabajadores y público en general.
En general, conceptualmente, el término soberanía alimentaria es usado como si fuera sinónimo de seguridad alimentaria, cuando en realidad este último debería formar parte del primero, pero sólo como un componente.
En la práctica, cuando se habla de seguridad alimentaria, aparece oculta la “excusa” de la implementación de políticas de dependencia respecto a naciones industrializadas que necesitan dar salida a excedentes de producción de alimentos, ya sea generados por el sector primario (en menor medida) o secundario (mayoritariamente), y/o para ayudar a países dependientes al cambio del programa de producción agropecuaria, sustituyendo la producción de bienes para consumo directo, o como materia prima para la agroindustria, por la producción de bienes para satisfacer demandas especiales, como es el caso, por ejemplo, de la producción de los mal denominados “biocombustibles” y de alimentos para los países industrializados.
En el caso específico de nuestro país, la producción de materia prima para la obtención de “biocombustibles” conllevó y conlleva a diferentes problemáticas: deforestación, contaminación, degradación de suelos, problemas en el manejo del agua superficial y subterránea, simplificación de los ecosistemas, monocultivos, desocupación en el sector productor de bienes agropecuarios, migración de población rural, tanto concentrada como dispersa, al medio urbano, deterioro de alta significación de infraestructura financiada, directa y/o indirectamente, por la sociedad en su conjunto, tanto en el medio rural como urbano y la concentración de la tenencia de la tierra y de la producción, entre muchas otras externalidades negativas cuyo costo recae en la sociedad en su conjunto, incluyendo en ella a amplios sectores que son doblemente víctimas del modelo de seguridad alimentaria implementado.
