El primer día del año 1923, los verduleros de la ciudad de Villa María iniciaron una huelga por reclamos relacionados a reformas impositivas que les afectaban. El movimiento duró varias jornadas y logró la adhesión de otros gremios locales. Desde el poder político local, más precisamente desde la Intendencia Municipal, se apeló a conceptos descalificadores para con los trabajadores y sus reclamos, a la vez que se intentaron diferentes estrategias para romper la huelga con la excusa de “asegurar la libertad de trabajo”

Pedido de intervención policial

A poco de iniciado el movimiento, Vicente Martínez Mendoza, entonces intendente municipal, dirigió una nota al titular de la jefatura política local, Tomás Araballo, solicitándole la intervención policial para proteger a quienes intentaban romper la huelga. La misiva, fechada el 3 de enero, señala “teniendo conocimiento de que los verduleros con reparto en jardinera se han declarado en huelga e impiden con violencia la salida del mercado a los que desean vender sus productos, he de agradecer al Sr. jefe tome las medidas del caso para garantizar la libertad del trabajo”.

Mientras tanto, el conflicto se desarrollaba con alguna virulencia de la que no eran ajenas las autoridades que, en vez de articular estrategias que aquilatando los reclamos propendieran a un acuerdo, ideaban formas de neutralizar el impacto de la medida. Por una parte, el municipio gestionó compras de artículos en Córdoba, también ofreció puestos en los mercados Mitre y Colón a quienes no adhirieran a la huelga. Al mismo tiempo, el intendente remitía notas al jefe político, exponiéndole argumentos para que la Policía interviniera en el conflicto con mayor dedicación. Una de esas notas fue despachada el 8 de enero, su copia está en la página 626 del libro copiador guardado en el Archivo Histórico de la ciudad. Allí se señala que “en el día de ayer, en la calle, fueron tirados los canastos con frutas a un vendedor ambulante de nombre José Miguel” y que el vendedor está dispuesto a “hacerse respetar a mano armada”, por ello se pide a la Jefatura que haga respetar la “libertad de trabajar”.

 

Que no se note la huelga

Ese mismo 8 de enero, Martínez Mendoza despachó otra nota al Concejo Deliberante de la ciudad para ponerle en conocimiento de la “actitud asumida por el Gremio de Vendedores Ambulantes de Verduras, Frutas y Legumbres”, con motivo “de pedir se reconsideren los nuevos impuestos que se les aplican”. La escalada verbal del intendente no encontraba freno y comenzó a tratar a los huelguistas de extorsionadores, sediciosos y cosas por el estilo. En el discurso del intendente no aparece la figura de trabajadores que pararon para evidenciar lo que sucedía cuando  ellos no cumplían con sus tareas. En la nota al Concejo, el intendente dice “desde primero de año se mantiene en huelga el Gremio de Verduleros y cada día va tomando el movimiento el carácter de sedicioso, extorsionando al público consumidor”. También acusa a los verduleros de gestionar el apoyo de otros gremios como el de los lecheros, carniceros y panaderos. Acusación que, claramente, pone en evidencia la negativa visión que despierta en el intendente la solidaridad entre trabajadores.

En el ánimo de disimular qué pasa cuando los verduleros dejan de entregar sus productos a los clientes, el intendente puso en marcha canales alternativos para que las verduras llegaran a los clientes. Así es que en la nota referida, señala que “el Departamento Ejecutivo, celoso del cumplimiento de sus deberes, ha tomado como medidas de emergencia la provisión de verduras, frutas y legumbres adquiriéndolas parte en plaza y parte en la ciudad de Córdoba”.  En esa misiva al Concejo, Martínez Mendoza también pide fondos para poder realizar esas compras, a la vez que presenta  un proyecto de ordenanza para poder destinar los puestos de los mercados a quienes quisieran “vender a precio”.

 Estas medidas, más allá del declarado objetivo de proveer verduras a los vecinos, pretendían disminuir el impacto de la huelga. Un intento para que no pudiera dimensionarse la importancia del trabajo de los verduleros mediante los inconvenientes que surgían por su huelga. Esto era importante para el intendente, dado que él había llegado al cargo luego de la destitución de Ramón Pérez, quien lo antecedió en el cargo. Ese jefe comunal fue eyectado de la intendencia por una reforma impositiva que, entre otras cuestiones, creaba un gravamen a los negocios que despachaban bebidas. Esto había tocado los intereses de algunos sectores que reaccionaron y terminaron llevando a la intendencia a Martínez Mendoza como candidato, impulsado por la organización que nucleaba a los comerciantes.

 Es decir, que Martínez Mendoza no sólo representaba los intereses de un sector determinado del comercio local, también conocía la fuerza que podía adquirir un reclamo como el llevado adelante por los vendedores que repartían las verduras por las calles de la ciudad. De allí que continuamente pedía la intervención policial. El 9 de enero volvió a insistir ante el jefe político solicitándole la designación de “una consigna” permanente en la casa municipal, el Mercado Colón, el Mercado Mitre y el matadero municipal “para salvaguardar los intereses de la Municipalidad”. Pero parece ser que el jefe político Tomás Araballo no respondía a los deseos del intendente, que así se lo hizo saber al ministro de gobierno provincial, Guillermo Rothe. En una nota le dijo: “He solicitado repetidas veces al señor jefe político auxilio policial efectivo, a fin de evitar hechos desagradables y garantir (sic) la libertad del trabajo, siendo hasta ahora la acción policial nula” y luego pide que desde Córdoba se envíen más efectivos policiales.

 Por otra parte, realizó compras de verduras para vender en la ciudad. En un telegrama remitido a la compañía Natale del Mercado Norte de Córdoba, la intendencia pidió que le remitieran a la “brevedad posible: 100 docenas de repollos; 300 sandías; 500 kilos de chauchas; 200 zapallos grandes; 100 docenas de zanahorias; mil pimientos; dos mil cebollas; 40 cajones de duraznos clase grande...” y solicita que éstos fueran mejores que los remitidos anteriormente.

 

Patriotismo e insultos a españoles

Pero aún con la llegada de la mercadería no es fácil lograr que alguien lo reparta a domicilio. Así, el 10 de enero la autoridad política le remitió una nota a Antonio Galera invitándolo a él y “a sus empleados a efectuar el reparto a domicilio, en la seguridad de que la libertad de trabajo tendrá garantía (sic) de verdad. Escuchando este llamado habrán efectuado un acto de patriotismo, contribuyendo a quebrar un movimiento motivado por un gremio que no ha hecho sino explotar inocentemente al público”. Como vemos, aquí aparece el “patriotismo” relacionado a la acción de romper la huelga ¿acaso quienes desarrollaban la huelga estaban contra la Patria?

 La mañana del día 11, el municipio apresa a cuatro individuos y los traslada a la Jefatura Política. El intendente escribe: “Sé que uno lleva de apellido Vicario, a quien sindican sin poder precisar de pertenecer al número de los que volcaron 350 litros de leche para esta Municipalidad. En dicho número de individuos, dicen, figuraba un mozo de café. He de estimar que el Sr. jefe político, con todos los medios que tiene a su alcance, llegue a precisar quién o quiénes fueron los que cometieron el hecho y es bueno recordar al Sr. jefe que el tal Vicario es en el Gremio de Lecheros quien mayor trabajo da a la Municipalidad. En iguales condiciones se encuentra el presidente del gremio lecheros, de apellido Montero”. Los verduleros habían conseguido el apoyo de otros gremios como el de los carniceros y los lecheros. Para el día 13 el Gobierno continuaba pidiendo verduras a empresas de Córdoba, aunque el intendente dijo que el conflicto había concluido el día 12. Así lo señaló en una nota que el 6 de febrero le envió al ministro de Justicia de la Provincia para acusar a la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Villa María y Villa Nueva de “prestigiar el movimiento huelguista efectuado en los días 1 al 12 de enero de este año por los vendedores ambulantes de fruta y verdura, contra la autoridad municipal”. Según acusaron los huelguistas ante esa organización el intendente, que entendía como patriótico romper la huelga, había agraviado con expresiones injuriosas a los españoles. Ante esto la Sociedad Española, con la firma de su presidente, Liborio Izquierdo, y el secretario Francisco Vargas, elevó una enérgica protesta, pero el intendente no sólo negó los cargos, sino que dijo que los “huelguistas, que se dicen españoles, son desconocidos sin cédula de identidad, a cuya solicitud la sociedad española de socorros mutuos ha respondido con la nota protesta... sin averiguar la verdad de la exposición y sin reparar en que son asuntos absolutamente ajenos a los fines que sus estatutos les marcan como objetivos de la institución, y digo lo más grave porque en la actitud hay un propósito y una finalidad ilícita y delictuosa, cual es, incitar a un movimiento huelguista contra las autoridades constituidas y que en los días del 1 al 12 de enero comprometió la paz y el orden en Villa María”. Basándose en esta acusación, pedía se le retirara la personería a la Sociedad Española.

 Más allá de los resultados del conflicto, a lo largo del mismo el intendente desarrolló un discurso contra los trabajadores que le llevó a exabruptos verbales que terminaron encontrando el repudio de la Sociedad Española.