Guadalupe Vázquez, del Movimiento Popular por la Igualdad de Villa María, confirmó ayer que disminuyeron los casos de arbitrariedad policial, los que en la mayoría de las veces están amparados en polémicas figuras del Código de Faltas que rige en la provincia de Córdoba. No obstante, aclaró que esta reducción “no se da tanto como quisiéramos”.
Fue en el marco de la conferencia de prensa en la que se anunció el Primer Seminario de Seguridad Pública, Código de Faltas y Derechos Humanos, que organiza ese movimiento junto al Instituto de Extensión de la Universidad Nacional de Villa María y que se desarrollará el viernes 6 de diciembre y el viernes 13.
En la rueda con los medios de comunicación participaron Omar Barberis, por la UNVM, Eduardo Belloccio, por el Centro Empleados de Comercio -porque también se anunció que se trabajará en las escuelas de verano en la prevención del abuso sexual infantil- y Daniel Massara y la citada Vázquez, por el referido movimiento.
La actividad está dirigida a organizaciones sociales, barriales, profesionales, miembros de fuerzas de seguridad, empleados y funcionarios del Poder Judicial, estudiantes y público en general. Lo dictará el abogado Lucas Crisafulli, docente de diversas cátedras e investigador permanente en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).
Los interesados deben escribir al correo electrónico codigo.faltas.ddhh@gmail.com. Cuesta 50 pesos.
En la conferencia, Vázquez dijo que se advierte la preocupación de diversas organizaciones porque existe “un desconocimiento” sobre diferentes cuestiones que atañen al Código de Faltas. Ante una pregunta, confirmó que desde mayo “y teniendo en cuenta que los fines de semana no hay informes” han caído las detenciones arbitrarias. Lo vinculó al trabajo de distintas organizaciones y “a largas charlas de Derechos Humanos del municipio con miembros de la Policía”. “Quizás la observación de la sociedad ha causado una disminución, no como nos hubiese gustado”, advirtió.
La militante también develó que la jueza de Control, Edith Lezama, rechazó sucesivamente los hábeas corpus que presentó la asesora letrada de Tribunales, Silvina Muñoz, ante ciertos casos.
Y remarcó que jóvenes que “son victimizados al aplicarles figuras anticonstitucionales y van presos de manera arbitraria, son revictimizados cuando por esa detención no concurren al trabajo -que en la mayoría son precarios o en negro- y por ende los pierden”.