Ayer se llevó a cabo la primera “Jornada sobre medios públicos; historia, política, actores y estrategias” en el Rectorado de la UNVM.
Con la participación de diferentes disertantes de la ciudad, la provincia, el país e invitados del exterior (como Augusto Dos Santos, exsecretario de Información de Paraguay), se desarrolló la propuesta organizada por distintas áreas de la Universidad Nacional.
En un corte del encuentro, los reconocidos especialistas en Comunicación, María Cristina Mata (de la UNC) y Luis Lázaro (ex-AFSCA y actual agencia Télam), dialogaron con EL DIARIO acerca de diferentes temáticas alusivas y coyunturales.
-¿Cómo han evaluado el reciente fallo de la Corte?
Luis Lázaro: -Por un lado se debe señalar que lo que se ha resuelto en materia de medios del sector comercial privado es simplemente convalidar lo que la ley establece, a partir de la jurisprudencia a nivel latinoamericano y de la Corte Interamericana. El principio que dicta que debe regularse el tamaño económico de los grupos mediáticos es absolutamente imprescindible para la democracia, la diversidad y pluralidad de los medios. Adecuar el tamaño y dividir en tantas unidades sean necesarias para garantizar que nadie se pueda imponer sobre los demás. Ahora, respecto a los medios públicos y los medios sin fines de lucro se deben instrumentar políticas públicas activas que comprendan tanto al Estado nacional, como a los provinciales y municipales, dado que compete a la construcción de ciudadanía a partir de la agenda que los medios públicos puedan construir. Y para los medios sin fines de lucro se debe garantizar el 33% del espectro con políticas que permitan el fortalecimiento institucional de las entidades, además de trazar un plan técnico o mapa del espectro sobre el cual dibujar el estatuto de derechos que la ley consagra.
-¿Serán medios públicos o medios gubernamentales?
María Cristina Mata: -Poca gente conoce lo que establece la ley, ya que los medios públicos pueden ser los de gestión estatal pero también engloba a los de la Iglesia Católica, de las universidades y de los pueblos originarios. Muchos le piden independencia y autonomía a Canal 7, pero no se le pide lo mismo a los medios de la Iglesia Católica, por ejemplo. Nadie va a pretender que un medio de la Iglesia esté a favor del aborto o que un medio de un pueblo aborigen esté en contra de que las lenguas aborígenes sean reconocidas como lenguas verdaderas. Entonces, ¿por qué le pediríamos al medio público estatal que esté en contra de las políticas que ese Estado impulsa, como la Asignación Universal? El hecho de que los medios deben ser plurales no es incompatible con su línea editorial.
Sobre la Corte Suprema
-¿Qué sucede con el pedido de la Corte de que AFSCA sea conducido por una autoridad independiente?
M.C.M.: -Pedir eso es ir en contra de la ley. Uno puede interpretar lo que dijo la Corte como quiera, pero la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual en nuestro país, desde que se aprobó la normativa, está conducida como lo fija la ley. El presidente es elegido por el Poder Ejecutivo, al igual que el titular del ente Radio y Televisión Argentina (RYTA). Aquí la discusión es quién ganó las elecciones. Si otro es el sector político que gana en dos años, obviamente va a ser de otro signo político que lo dirija, porque así es la vida democrática. Además de darle potestad al Gobierno, reconoce a otros sectores como los trabajadores de los medios audiovisuales, las universidades, la oposición política y los empresarios.
L.L.: -No discrepo con el criterio de la Corte, sólo que ahí no está planteado la independencia de quién. Uno asume discursivamente que es independencia de los gobiernos, pero también habría que plantear la independencia de los poderes económicos y de estructuras empresarias. Ahora si medimos el nivel de independencia por la aplicabilidad de la ley más allá de las camisetas, estamos en buen camino.
“Es necesario debatir sobre la pauta oficial”
-¿Y respecto a la solicitud de transparentar la pauta oficial?
L.L.: -Estoy de acuerdo con la necesidad de dar un debate político sobre la distribución de la pauta oficial. Es necesario que esté al servicio del equilibrio de los medios y del funcionamiento de medios independientes que no acceden al mercado. La pauta debe responder a dos consignas: la publicidad de los actos de gobierno y tener una mirada desde el Estado sobre aquellos sectores a quienes el mercado no permite tener una voz propia, es decir, requiere una norma que establezca parámetros, porque hoy el mercado es el gran asignador de la torta publicitaria. Representa casi el 90% de los recursos, alrededor de 10 mil millones anuales, respecto al 10% de la pauta oficial.
-¿Qué escenarios avizoran tras la desinversión del Grupo Clarín?
L.L.: -Para nosotros es un sueño hecho realidad que el Grupo venga a presentar un plan de desmembramiento de su estructura corporativa, que se gestó al calor de beneficios del Estado y de reformas jurídicas que permitieron el proceso de concentración. Pero hay dos cosas que distinguir: las estructuras empresarias en sí mismas, si cumplen los requisitos de la ley y quiénes serían los nuevos titulares de las licencia. Ahí la ley tiene que ser pareja para todos.
-¿Incluso se daría en medios afines al Gobierno?
M.C.M.: -Hay una serie de elementos jurídicos y administrativos que mientras se satisfagan, aunque no nos agraden en el sentido del resultado de las adecuaciones, hay que aceptar. Hay que esperar qué es lo que efectivamente se resuelve. Seguro que en estas adecuaciones vamos a quedar insatisfechos en algunos puntos, porque Clarín u otros grupos van a dividir sus empresas en sus distintos socios para que sigan siendo dueños. Hasta es probable que se siga manteniendo una hegemonía comunicacional en materia de contenidos. Lo que debe quedar en claro es que la ley está hecha para que ningún discurso quede fuera, ni siquiera aquel discurso contra el cual podemos oponernos y luchar políticamente. Esas voces van a seguir existiendo.
