Días atrás, en un artículo publicado por un medio de tirada provincial, el presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, Eduardo Barrionuevo, destacaba el valor del control en la cosa pública.
“Lo relevante de este tipo de control es que evita o impide que ocurran perjuicios a los dineros públicos, o sea, que previene el fraude y el perjuicio a los intereses del pueblo antes de que éste se produzca”, indica Barrionuevo en el artículo de referencia.
Trabajar en pos de la transparencia y rendición de cuentas que “a través de acciones del control colaboran con los gobiernos en lo referido a la mejora de la gestión y límite a la corrupción, a fin de promover la confianza pública fomentando el uso de los recursos públicos en beneficio de nuestro pueblo”, es un compromiso y deber, enfatiza el funcionario.
Los conceptos sirven como prólogo y contraste de la situación que los tribunos José Naselli y Gustavo Maristany aseguran vivenciar casi desde el momento en que asumieron sus cargos en el Tribunal de Cuentas villamariense.
Días atrás los vocales, en una nota remitida al intendente Eduardo Accastello (con copia a otras espacios de Gobierno), detallaron cada uno de los pedidos de informes que hasta el momento el Gobierno municipal no ha contestado o lo ha hecho en forma parcial, durante el presente año.
En el recuento de acciones sin respuestas, los tribunos puntualizaron:
1º) Sobre trabajos de construcción de cordón cuneta licitados y adjudicados a Ivecor SA, sin previos estudios de nivelación.
2º) Sobre contratación irregular de trabajos de ploteo en unidades de trasporte urbano.
3º) Sobre contratación irregular de servicios de trasporte destinado al Festival del Adulto Mayor del 5 de febrero de 2013.
4º) Sobre despacho de asuntos económicos y financieros sin intervención de un secretario competente (artículos 130 a 137 de la Carta Orgánica Municipal).
5º) Sobre medidas adoptadas por el señor intendente para exigir al abogado Pilar Pedro Monesterolo el reintegro de honorarios percibidos en el supuesto ejercicio de un cargo (jefe de Gabinete de Asesores), que jamás fue asumido y desempeñado por el mismo.
6º) Sobre la situación de alto riesgo de las finanzas comunales por juicios promovidos en contra del municipio, solicitando detalles del estado procesal de los mismos.  
7º) Sobre las afirmaciones de la contadora Verónica Navarro Alegre sobre presunta inexistencia de sentencias en contra del municipio, por el cobro de tasas a contribuyentes de extraña jurisdicción.
8º) Sobre la adjudicación irregular de obras por parte del Instituto Municipal de Inversión (IMI), al contratista Angel Franceschina.
9º) Sobre la respuesta parcial y elusiva por parte del Instituto Municipal de Inversión respecto a los antecedentes que llevaron a tal repartición comunal a rescindir los contratos con Franceschina.
10º) Aclaración de un confuso parte de prensa de la comuna respecto a la puesta a disposición de la Justicia de funcionarios comunales, a raíz de declaraciones periodísticas del empresario Angel Franceschina.
“Consideramos ocioso reiterar que cada una de estas omisiones en informar violentan la legislación propia de la comuna, ya que se obstaculizan ostensiblemente nuestras facultades investigativas, como también dispositivos de la Ordenanza sobre la ética en el ejercicio de la función pública”, sostuvieron Naselli y Maristany antes de reflexionar que “quizás las consecuencias mas graves del silencio del señor intendente y de algunos de sus funcionarios no se agotan en el ámbito de nuestra comuna. Dicha actitud significa una negación concreta de los principios de un Gobierno republicano”.
“El motivo concreto de la presente es insistir en el cumplimiento de la obligación de entregarnos la información solicitada. Consideramos que la transparencia en el manejo de los fondos públicos no sólo debe ser un parlamento teórico con el cual se adornan los discursos. Por ello, la nota constituye un requerimiento formal a fin de que se procedan a cumplimentar, de manera integral, todos los pedidos de informes pendientes”, acotaron.
“Por una elemental razón de dignidad y decoro, nos consideramos obligados a advertir al señor intendente que de no lograr que de manera voluntaria se cumpla con el mandato legal de informar, recurriremos a los estrados judiciales en resguardo de nuestras atribuciones y deberes”, concluyeron.