Impunidad, madre de la corrupción

 

Durante el último lapso de gestión de nuestro intendente Eduardo Accastello (o sea, desde el 10 de diciembre de 2007 a la fecha), se presentaron ante los tribunales penales locales varias denuncias que involucran tanto al intendente como a miembros de su entorno gubernativo, por supuestos hechos delictivos.

Sin embargo, por rara coincidencia, todas las denuncias tuvieron un destino común: ninguno de los fiscales promovió la más mínima actividad de investigación. Un tenebroso silencio sepultó las alegaciones de los denunciantes.

Esta realidad tiene un solo nombre: impunidad. Esta palabra significa “ausencia de justicia” y sus efectos son similares a un cáncer que corroe las instituciones básicas de la república.

La impunidad es la madre de otro tumor dañino: la corrupción. La misma se manifiesta por la ruptura de toda contención legal, como una metástasis en el comportamiento ciudadano, ya que el brazo de la ley no le alcanza al deshonesto.

A partir de allí, el tejido social comienza un proceso de desintegración que culmina de la peor manera. Y las manifestaciones de ese quebranto pueden ser tanto materiales como espirituales.

Hace unos días nuestro obispo monseñor Samuel Jofré alertó (con palabras que traslucían angustia) sobre el malestar moral que afligía a diversas capas de nuestra sociedad. Y entre las causas de esa zozobra, las drogas, el alcoholismo, la inflación, etcétera, enumeraba la “mentira” enraizada en distintos ámbitos que nos conduce al quiebre espiritual al que asistimos.

No podemos menos que coincidir con el señor obispo y agradecer sus palabras, que son como un “rayo de luz” en medio de las tinieblas del materialismo que nos invade.

Sólo quisiéramos agregar un pensamiento de Marco Tulio Cicerón: “La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”.

Aquellos que optaron por la comodidad del silencio son cómplices de la aniquilación de la verdad y en algún tiempo y en algún lugar deberán rendir cuentas de sus actos.

Marcos Gastón Izquierdo

 

Partido Villamariense

 

Pedido de libertad

 

Me dirijo a ustedes, ya que son el medio de comunicación de la sociedad de Villa María: quisiera hacerles saber que la jueza de Villa María está “violando” las leyes constitucionales de la Argentina, a mí y a mi familia nos está haciendo daño psicológico y a mí me está haciendo privación ilegítima de la libertad. Y no solamente eso, sino que a mí se me da una condena de 7 años y 6 meses, unificándola con mi condena anterior que es de 11 años y 4 meses, aquí en Córdoba, y ahora el Tribunal Superior dice que cumplo yo en el año 2022, siendo que mi condena la cumplo en el año 2017, tengo los cómputos originales que demuestran y fundamentan que yo cumplo en el año 2017 mi condena y como ella me dio una ley que ya no existe más, que esa ley se trata del 2x1 y se olvidó de reducirme el proceso de esta causa que me estoy yendo en libertad y por eso la señora jueza que tenemos aquí en Villa María mandó esa fecha al Tribunal Superior porque no quiere reconocer que me otorgó esa ley que no existe más. Supuestamente hay que tener estudio y saber de derechos para poder juzgar a una persona, pero esta señora no tiene estudio suficiente para poder ser jueza.

Necesito tratamiento psicológico porque la cárcel me está haciendo mal. Y si no me dan la libertad, como me corresponde por la ley que aplicó la jueza Silvia Camandone, debo decirle que mi conducta fue y es ejemplar, de 10. Y gracias a Dios, he aprendido a pelear por mis derechos.

Si hoy estoy en este servicio penitenciario es gracias al juez de Ejecución de Córdoba capital, Arocena, del Juzgado del tercer turno, porque confirmó que había sido todo una estrategia de la señora jueza de Villa María. Tengo cuatro hijos que me están esperando y que no saben cómo ayudarme para poder salir de aquí.

Acá les mando lo que fundamenta mi libertad: que en autos surge que por sentencia Nº 54, de fecha 26/09/2007, se me impone condena aplicándose una unificación con la sentencia condenatoria ya aplicada por esta honorable Cámara con anterioridad, que esa segunda sentencia es apelada con el correcto recurso de casación, el que fue rechazado el día 26/02/2010, que en consecuencia entre las dos fechas, esto es, 26/09/2007 y 26/02/2010, transcurre un plazo de 2 años y 5 meses, plazo dentro del cual la sentencia condenatoria última no estuvo firme, que completando esta idea observamos que la Ley 24.390, que autorizaba la aplicación del comúnmente denominado “2x1”, se mantuvo vigente desde el 21/09/1994 hasta la creación de la Ley 25.340, esto es, el 30/05/2001, hago notar que con fecha 15/06/2005, por auto Nº 52, se aplica el beneficio del artículo 7 de la Ley 24.390, ello con relación a la primera sentencia condenatoria.

Esta resolución se ve reflejada en una posterior, de fecha 02/05/2012, en la cual se reconoce nuevamente la vigencia de la Ley 24.390, practicándose un nuevo cálculo y nueva determinación de fecha de cumplimiento integral de la condena, que ingresando ahora el reclamo que aquí presento destaco que si la condena última no estuvo firme durante 2 años y 5 meses, y siendo que esta última condena es unificada con la primera, esa unificación hace que esta nueva, última y definitiva condena, por efecto de esa unificación debe también recibir el beneficio del artículo 7 de la Ley 24.390 sobre lapso de 2 años y 5 meses, plazo que pasa a ser en consecuencia de 4 años y 10 meses debido a este tiempo para irme en libertad.

Por otra parte, le doy gracias a Dios porque me fortalece y me da fuerzas para decirles a mis hijos que ellos no tienen que hacer absolutamente nada y si esta señora hizo las cosas mal, yo no tengo la culpa ni mis hijos. Yo tengo miedo de que esta señora mande una orden a la cárcel para que me trasladen sin motivo, por supuesto, a otro servicio penitenciario por el pedido de esclarecer mi libertad. Yo creo que en ninguna parte del Código Penal y del Código Procesal Penal existe que el ser humano tiene que dejar su lugar de origen si no hay un motivo grave que fundamente ese pedido que no hizo el tribunal y quiero que sepan que estoy dispuesto a ponerme nuevamente en ayuno si es necesario. Yo ando por toda la cárcel, no tengo problema con nadie, simplemente quiero que la señora jueza haga las cosas como debe y que acepte sus errores y hable o mande al Tribunal Superior la fecha exacta del cumplimiento efectivo de mi condena. Quiero que quede en claro que no pido nada que no corresponda y así como se usó la falsa prueba para condenarme, espero que en su honor y bajo juramento ante Dios, mande esa fecha exacta de cumplimiento de mi condena. Creo que debe saber que está bajo juramento en su cargo y su conciencia de decir la verdad porque ella firmó los cómputos que se me otorgan y el “2x1” que no existe más. Por esa razón pido que se me dé la libertad, por la ley que me dio la jueza y el fiscal, que se olvidaron de contarme el proceso de esta causa.

Muchísimas gracias por dejarme hacer este pedido para hacer valer mis derechos.

Me llamo Daniel Gabriel Sarmiento. Gracias.