"Es necesario mejorar la accesibilidad de las mujeres de los sectores más vulnerables, las de menores ingresos, las migrantes extranjeras y las indígenas a los servicios de salud sexual y reproductiva", señaló a Télam Vanesa Vázquez Laba, socióloga e investigadora del Conicet y la Universidad de San Martín (UNSAM).
Ante esta realidad, los Programas de Salud Sexual y Procreación Responsable de la Nación y de la provincia de Buenos Aires realizaron junto a la UNSAM un estudio cuantitativo y cualitativo para evaluar la situación, cuya dirección está a cargo de la profesional.
Las mujeres "demandan información, se acercan a las salas, solicitan los métodos anticonceptivos según su etapa de vida sexual y tienen que lidiar con centros de salud que van desde algo amigables a los nada amigables con estos temas", relató la investigadora.
Estas primeras conclusiones surgen luego de realizar 60 entrevistas en nueve municipios bonaerenses, encuadrados dentro de la Región Sanitaria VI, donde "hay 380 centros de salud de primer nivel y 15 hospitales, atravesando Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora hasta Berazategui", contó la especialista.
Del diálogo con las usuarias "aparece un alto grado de conocimiento sobre los métodos y la capacidad de elección a partir de su situación de vida. Por ejemplo, cuando tienen una pareja con la que no pueden negociar la planificación solicitan el método inyectable que no deja rastros en el hogar".
Para Vázquez Laba "se ha avanzado mucho a partir de las consejerías sobre salud sexual y reproductiva que se ofrecen en distintos servicios, donde una mujer se lleva información sobre sus derechos".
El estudio mostró "obstáculos en los efectores de salud y una importante predisposición política por parte de la dirección de los hospitales y centros de salud".
La socióloga valoró que "si hay una buena conducción, comprometida con el derecho a la salud de las mujeres, se efectiviza la implementación del Programa y disminuyen los embarazos precoces y no deseados".