Escribe:

Luis E. Tuninetti (*)

 

La palabra Monsanto es una palabra que se “viraliza” en los medios de comunicación y las redes sociales. 

La intención de radicarse en la localidad de Malvinas Argentinas y la férrea resistencia por parte de una fracción de sus pobladores, apoyados por diversos grupos, ha llevado el caso a ser observado por especialistas no sólo a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional.

El sistema de producción agropecuario de Argentina le permite al Estado contar con millonarios ingresos de dólares. Buena parte de su política social se lo debe a la soja, negarlo sería algo ilógico, sin embargo, no todo lo que brilla es oro. 

Ese modelo productivo de “¿desarrollo?” implica múltiples conflictos sociales y ambientales: fumigaciones fuera de norma, ampliación de la frontera agropecuaria por desmontes, pérdida de biodiversidad, suelos en riesgo. 

La industria de la agricultura es controlada por un puñado de empresas (Monsanto, Syngenta, Bayer, BASF, Dow, Dupont) y si bien todas mantienen una línea de conducta poco ética, Monsanto es “la” empresa a nivel nacional e internacional que fielmente representa un modelo depredante para con el medio ambiente y con buenos rindes económicos para algunos y altísimas ganancias para unos pocos. Hablar de Monsanto implica recordar productos altamente tóxicos como el PCB, DDT (insecticida prohibido a nivel internacional), agente naranja (defoliante usado en la guerra de Vietnam y que hasta el día de hoy se ven sus efectos en la salud), patentamiento de seres vivos.

Pero el producto más conocido de Monsanto en la actualidad es el roundup, también conocido por su principio activo "glifosato” y es aquí cuando comienzan los debates interesantes. La realidad es que día a día aparecen nuevos informes sobre la alta toxicidad de este agroquímico y no lo dicen los ambientalistas (u “opinólogos”, como les gusta decir a cierta fracción defensora del modelo), lo están advirtiendo científicos de primera línea, médicos, ingenieros, etcétera, tanto a nivel nacional como internacional.

Tal como lo expresa el expresidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Enrique Martínez, “Monsanto es el arquetipo de una organización que convierte una necesidad popular, como el alimento, en una mercancía”. 

El conflicto de Malvinas Argentinas representa un combo de injusticias sociales y ambientales, pero legales. 

La pésima normativa que tiene la provincia de Córdoba en material de Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) hace que una empresa pueda ser aprobada en etapas, dejando para el último la parte más crítica; un decreto reglamentario que claramente se contradice con la Ley Ambiental Nº 25.675, respecto de los pasos previos que deben seguirse para que la ciudadanía participe en la toma de decisiones y el acceso a la información necesaria para ello, cosa que ni a los diversos niveles del estado ni a Monsanto le interesa que ocurra; para ser más precisos, hay que decir que el sistema está diseñado para que no exista la participación. 

¿El principio precautorio del derecho ambiental? Bueno, de esto ni se habla. 

La realidad es que si tuvieran tanto apoyo de Malvinas Argentinas como dice tener su intendente, lo único que tiene que hacer es llamar a una consulta popular, cosa negada a rajatabla porque saben los resultados que les esperan.

Se han escrito libros sobre las prácticas poco éticas de Monsanto, podríamos llenar hojas y hojas con los informes científicos de los efectos colaterales del modelo rural, pero es una pequeña localidad de Córdoba la que está haciendo historia en un proyecto industrial que podrá ser legal, pero lejos está de ser ético y tener licencia social.

 

 (*) presidente de EcoSitio