El Gobierno de Córdoba y los policías autoacuartelados desde el martes firmaron ayer un acuerdo para destrabar la medida que originó saqueos y robos en comercios y viviendas de la ciudad de Córdoba, con el lamentable saldo de dos muertos.

En horas del mediodía de ayer, el mandatario provincial realizó un acto a modo de conferencia de prensa en el Centro Cívico y anunció el resultado de la negociación que llevó adelante con representantes de los uniformados y el abogado patrocinante Miguel Ortiz Pellegrini.

Los integrantes de la fuerza policial se autoacuartelaron en protesta en las primeras horas del mediodía y su ausencia en la capital provincial desató el caos, además del repudio generalizado de dirigentes políticos y sociales que cuestionaron el accionar del gobernador José Manuel de la Sota.

De la Sota, que se encontraba en una escala de viaje a Colombia, regresó al país para dar inicio de las negociaciones.

“Cuentan con todo el respaldo del Gobierno para salir a trabajar y para poner orden”, dijo el gobernador dirigiéndose a la Policía y expresó esperar que ese accionar sirva “para que la Justicia pueda instruir causas contra cada uno” de los saqueadores.

 

El anuncio

 

El gobernador anunció a las 12.15 la firma del acuerdo salarial. “Desde este momento, la Policía vuelve a estar al servicio de los cordobeses”, dijo ante los medios y acompañado de intendentes y legisladores de los diversos bloques. Y prometió: “Salimos a perseguir delincuentes y saqueadores”.

De la Sota explicó que desde ahora el salario mínimo de los uniformados pasará de seis mil a ocho mil pesos. Los policías que estén en la calle cobrarán nueve mil pesos. También mencionó el incremento de los adicionales en un 52%. Indicó, además, que la suba alcanzará a miembros del Servicio Penitenciario.

 

La reacción

 

Mientras se producía el anuncio los uniformados escuchaban incrédulos alrededor de los móviles y observaban la televisión con asombro. Minutos más tarde levantaron la protesta. Entre aplausos e insultos, volvieron a recorren las calles. Barricadas formadas por vecinos para proteger a los suyos, comerciantes recogiendo los destrozos del caos y la desidia, cordobeses que asomaban las narices después de la furia y las calles vacías. Una postal que los propios policías miraban con extrañeza.

 

La tribuna

 

“Un cordial saludo a la fuerza policial y darle la seguridad de que a lo que este Gobierno firma, lo cumple”, remarcó el gobernador para añadir que “este Gobierno no borra con el codo lo que escribe con la mano”. Inició así el lanzamiento de dardos al Gobierno nacional, asegurando que el martes próximo irá a Casa Rosada a una mesa de diálogo con el jefe de Gabinete nacional, Jorge Capitanich.

"Que ninguno quede impune del daño que ha hecho en la ciudad de Córdoba”, esgrimió. Y párrafo seguido disparó: “Parece que los cordobeses tenemos que prender fuego nuestro documento nacional”.

 

Ultimátum

 

En las primeras horas de la jornada el gobernador arriesgó fijar un plazo hasta las 10 a los policías para que depusieran su actitud, pero su intento se encontró con la firme negativa de los manifestantes y más tarde la negociación derivó en el acuerdo que anunció a viva voz.

 

Lo admitió

 

Por su parte, el jefe de Gabinete de ministros de la provincia, Oscar González, admitió en rueda de prensa que “probablemente, no hubo una evaluación profunda de la situación” por parte del Gobierno provincial “y eso derivó en este escenario”, al referirse a los actos delictivos ocurridos el martes y ayer derivados del conflicto con la Policía cordobesa.

 

Comerciantes

 

El Gobierno provincial solicitó a las cámaras y federaciones de comercio que releven los daños y perjuicios sufridos, pero no especificó qué tipo de financiamiento o beneficios se dará a quienes sufrieron las consecuencias de los saqueos que se produjeron entre ayer y hoy aprovechando que los policías estaban acuartelados en demanda de una mejora salarial.

Por su parte, el intendente de Córdoba, Ramón Mestre, adelantó que habrá beneficios tributarios para los comerciantes damnificados.

 

El acuerdo

 

En resumen el texto del acta-acuerdo que firmó el Gobierno con los representantes de los policías indica que los primeros se comprometen a:

-Establecer para todo el personal policial y penitenciario activo un monto adicional y transitorio en concepto de “gasto de uniformes”, a abonarse en dos cuotas de $2.000 cada una, con los haberes de diciembre de 2013 y enero de 2014.

-Con la pauta salarial que tendrá vigencia a partir de los sueldos del mes de febrero de 2014, se fijará un salario básico de ocho mil pesos para las categorías iniciales (agentes/subayudantes) realizando los incrementos sobre componentes remunerativos.

Además, disponer la asignación de siete turnos mensuales de adicionales de seguridad ciudadana; establecer el incremento de los servicios adicionales en forma proporcional al salario y diferenciar fin de semana y feriado de días normales; contemplar la diferencia entre jerarquías; proveer un uniforme operativo completo anual; abonar los servicios de adicionales en todo tipo de eventos acorde a las horas cubiertas; comenzar a elaborar el proyecto para que las faltas leves sean recusables ante el Tribunal de Conducta Policial; mejorar las instalaciones de los Comandos de Acción Preventiva; realizar gestiones para créditos blandos para vivienda; garantizar asistencia permanente de profesionales en relación a la contención psicológica de todo el personal; contratación de un seguro de sepelio; ART; transporte (similar al boleto estudiantil).

Por parte de los uniformados, se comprometieron a retomar las tareas habituales de inmediato, sin que reciban sanciones por la medida.

 

“Que no queden impunes”